Aclaración: Este trabajo inédito fue realizado en el año 2003. Con el título original «Los grupos parlamentarios españoles ante la inmigración (1999-2002)», y dirigido por Miguel Hernando de Larramendi (UCLM), fue presentado como tesina para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados dentro del programa de doctorado de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid. Se trata, por tanto, de un texto de aprendizaje: el primer trabajo de investigación serio que realicé. Tiene, evidentemente, muchas carencias y errores; y algunas de las ideas que por entonces defendía hoy las matizaría o cambiaría sensiblemente. Sin embargo, lo incluimos en esta página web porque pensamos que, al menos, recopila una gran cantidad de declaraciones políticas sobre la inmigración que pueden todavía ayudarnos a entender mejor cómo los políticos españoles se han enfrentado a este problema durante las dos últimas décadas.
1. Introducción
“Hemos abierto, entiendo, la caja de Pandora.”[1]
El fenómeno de la inmigración es relativamente reciente en España. Se ha señalado repetidamente que, comparado con otros países del resto de Europa, la presencia de inmigrantes en España es, numéricamente, de escasa importancia. Sin embargo, a pesar de su relativa novedad, a pesar de su relativa poca importancia, la presencia de una nueva población en los interiores del Estado español ha suscitado no poca controversia. Atendiendo a su fácil acceso a los medios de comunicación de masas el papel de los partidos políticos en el desarrollo de esta controversia es de suma importancia para formar la opinión del resto de la población con respecto a ella. De ahí la necesidad por analizar cuales han sido las posturas defendidas por estos grupos políticos al enfrentarse al tema de la inmigración.
Como veremos, las cuestiones que han surgido a partir de esa controversia han sido muchas: ¿se necesita regular la entrada de extranjeros en el país? Si es así, ¿cómo debe hacerse? ¿Qué criterios se deben seguir para adecuar la llegada de inmigrantes a la capacidad de acogida de España? ¿Cómo debe regularse el acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo? ¿Qué supondrá la presencia de inmigrantes para el sistema de Seguridad Social o para el sistema público de educación? En definitiva, ¿cómo integrar a esta nueva población en la sociedad española? Veremos que estas cuestiones se enfrentan desde varios puntos de vista según las distintas formas de contemplar el fenómeno, de contemplar a la nueva población, de contemplar la propia sociedad española.
La inmigración supone un reto, sobre todo, porque, por primera vez en la historia de la España democrática, una gran cantidad de la población carecerá de nacionalidad española. Asociándose como se asocia nacionalidad y ciudadanía, ¿cómo gestionar el fenómeno para que no de lugar a discriminación, a segregación, a rechazo, a conflicto social? En este trabajo veremos cómo responden a todas esas preguntas los partidos políticos españoles y, a partir de ahí, trataremos de ver qué modelo de sociedad proponen estos partidos como resultado de la aparición de ese nuevo fenómeno social que es la inmigración.
La politización del fenómeno de la inmigración. Octubre 1999-febrero 2002
La politización del fenómeno de la inmigración en España no tiene lugar hasta fechas relativamente recientes. Hasta principios de los noventa los partidos políticos españoles no empiezan a posicionarse con respecto a este tema. No es hasta 1993 cuando “por primera vez las formaciones políticas han asumido el problema de la inmigración como algo a tratar, algo que merece la pena incluir en sus programas.”[1] En esta época las políticas de los distintos partidos se configuran aún de forma vaga: desde grupos como Izquierda Unida el discurso en torno a este tema se fabrica alrededor de la solidaridad con los más necesitados, como señala Carlos Celaya, es un discurso derivado de las posturas de este sector político con respecto al “Tercer Mundo”. En cambio, desde los partidos mayoritarios, PP y PSOE, el discurso se articula alrededor de los puntos clave del control de los “flujos migratorios”, el control fronterizo, y el concepto de integración, basado en la “estabilidad jurídica” de los inmigrantes y la educación de éstos.[2]
En esta época, las políticas llevadas a cabo, se enmarcan en el ordenamiento jurídico instituido con la Ley Orgánica 7/1985, una ley que, ante la nueva situación, evidenciada a partir de la regularización de 1991, se quedaba obsoleta, a pesar de la reforma de su reglamento de aplicación en 1996. Aún así, no es hasta 1998 cuando se aborda la cuestión de promulgar un nuevo marco jurídico.
A mediados de junio de 1998 se presentan en el Congreso de los Diputados tres iniciativas parlamentarias, de Convergència i Unió, Izquierda Unida y Grupo Mixto, que abogan por la reforma de la Ley Orgánica 7/1985. Pero no es hasta noviembre de 1999 cuando se presenta el Proyecto de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, después de haber sido consensuado en la Comisión Constitucional del Congreso durante los meses previos. Este proyecto de nueva “Ley de Extranjería” se configuraba como una reacción a la anterior de 1985 en cuanto extendía la cantidad de derechos reconocidos a los extranjeros, tanto en situación regular como irregular, a la vez que hacía más fáciles los trámites para obtener la residencia permanente. Se perfilaba así como una ley receptiva a la incorporación rápida, por decirlo de alguna manera, de los extranjeros a la sociedad española.
A partir de esta Proposición de Ley, consensuada entre todos los miembros de la mencionada Comisión parlamentaria, se acelera y se «calienta» el debate político en torno a la inmigración. Y todo provocado por el cambio de postura que se produce en el Partido Popular, que, de haber sido parte en la elaboración consensuada de la Proposición, pasa a situarse en contra de ella tal y como había salido de la Comisión —en la que, como digo, habían participado diputados de ese grupo parlamentario—. Mientras, los principales grupos de la Oposición, PSOE, Izquierda Unida, PNV y CIU, se mantienen a favor de ella.
Así, durante los días previos al pleno del Congreso en donde tendría lugar la primera fase de su tramitación (aprobación del dictamen de la Comisión, 25 de noviembre de 1999), destacados miembros del Gobierno se manifiestan en contra de la Proposición de Ley porque, decían, “provocaría una llegada masiva de inmigrantes” y sería contraria a los acuerdos adquiridos con la Unión Europea en los Consejos Comunitarios de Schengen y Tampere.[3] Este cambio de postura en el Gobierno[4] provocó un aluvión de críticas y, si cabe, mayor apoyo hacia la ley entre los grupos principales de la Oposición. En una legislatura en la que el Partido Popular no disponía de mayoría suficiente para cambiar la proposición de ley en solitario, tuvo que iniciar un proceso de negociación con los partidos nacionalistas, CIU, PNV y Coalición Canaria.
Pero antes, pudo jugar la baza del Senado, donde sí disponía de mayoría absoluta, y además obtuvo el apoyo de CIU. En la Cámara Alta, como bien resume el senador Zubia Atxaerandio, del PNV, “El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en un trabajo digno de reconocimiento por la celeridad con que lo lleva a cabo, presenta un total de 112 enmiendas al texto elaborado durante 18 meses, que contaba con un amplísimo respaldo, no sólo político sino también sindical, de asociaciones, de ONGs, de colectivos y de ciudadanos de muy distinta condición”[5], y ello con la intención de “recortar los derechos de los inmigrantes ilegales”[6]. Sin embargo, para que esas enmiendas pudieran afectar al contenido definitivo de la ley, deberían ser aprobadas en el Congreso, por lo que el Partido Popular volvía a tener que buscar el apoyo de los mencionados grupos nacionalistas.
De ellos, el PP contaba con el apoyo de CIU e, igualmente, buscó el compromiso de Coalición Canaria —necesario para obtener mayoría suficiente en el Congreso—, lo cual hacía prever que la ley se promulgaría tal y como el Gobierno la quería. Sólo cabía negociar con el grupo canario las enmiendas del senado. Sin embargo, finalmente Coalición Canaria rechazó el acuerdo con el Partido Popular y CIU a sabiendas de que en tal caso la ley no sería promulgada con las enmiendas del Senado, también se echó atrás.
El 22 de diciembre el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba la Ley Orgánica 4/2000, con el rechazo expreso del Gobierno, que no tardó en anunciar su deseo de reformarla en la siguiente legislatura, si ganaba las elecciones de marzo del siguiente año.
Durante los meses siguientes a la promulgación de la LO 4/2000 desde el Partido Popular se reprodujeron las declaraciones en contra de la nueva ley. Se repitió una y otra vez que esta ley, al mejorar las condiciones de inserción social de los inmigrantes, al favorecer su regularización, provocaba un claro “efecto llamada”, invitaba a más y más extranjeros a venir a nuestro país. Más aún cuando a partir del día 6 de febrero se reprodujeron una serie de incidentes racistas en la localidad almeriense de El Ejido.
Algunos miembros del Gobierno no perdieron la oportunidad de achacar a la nueva ley el crear un marco jurídico que favorecía la inmigración ilegal produciendo así el rechazo hacia los inmigrantes y dando lugar a conflictos sociales como los ocurridos.[7] De esta forma se justificaban las agresiones contra los inmigrantes atendiendo al concepto de “umbral de tolerancia”[8], que, a juicio de los responsables políticos de la localidad almeriense, así como de los del PP, se había rebasado ampliamente en el caso ejidense, sobre todo por la presencia “masiva” de inmigrantes irregulares; lo cual, para ellos, suponía una prueba evidente de que la ley debía ser reformada con el objeto de restringir la llegada de inmigrantes y que ésta se realizara de forma regular.
En esta situación, con la validez de la nueva ley puesta en duda desde su nacimiento, con la intención oficial del Gobierno de reformarla[9], con los acontecimientos de El Ejido en la mente de todos, tuvieron lugar las Elecciones Generales de marzo de 2000, en las que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta. A partir de ese momento, la nueva “Ley de Extranjería” se convirtió, en el discurso del Gobierno —y de algunos líderes políticos regionales—, en una especie de chivo expiatorio sobre el que cargar las culpas de todas las situaciones críticas relacionadas con la inmigración, con lo que se trataba de justificar la necesidad de reformarla.[10] Mientras, el PSOE e Izquierda Unida se mostraban contrarios a los puntos de vista del Gobierno y el Partido Popular, poniéndose, a la vez, en contra de la reforma que ya proponía el Gobierno.[11] En septiembre de ese año el PSOE empezaba a hablar de Pacto de Estado sobre la inmigración, en un intento de suavizar la reforma de la ley.[12]
Como digo, el Gobierno ya tenía preparado un modelo para la reforma, aprobado en el Consejo de Ministros del 4 de agosto y que presentaría el 5 de octubre de 2000 como Proposición de Ley de reforma de la LO 4/2000 ante el pleno del Congreso de los Diputados. Desde ese momento y hasta los meses posteriores a su puesta en vigor el día 23 de enero de 2001, la reforma de la “Ley de Extranjería” se convirtió en el centro de una reñida polémica entre aquellos que consideraban que “hemos hecho la legislación mas generosa y mas abierta de toda Europa con la inmigración”[13], y aquellos que, por el contrario consideraban que era una reforma que cercenaba derechos fundamentales de las personas[14].
En los meses siguientes se sucedieron gran cantidad de manifestaciones, encierros de inmigrantes en parroquias, y, mientras que, por un lado, Rodríguez Zapatero ofrecía su mencionado Pacto de Estado sobre la inmigración al Gobierno, miembros de su partido optaban por recurrir la LO 8/2000 por inconstitucional. Por su lado, el Partido Popular y el Gobierno defendían su reforma y cuando surgía algún problema relacionado con la inmigración no tenía reparos en achacarlo a los efectos perniciosos de la LO 4/2000[15].
A todo ello se han sumado problemas de niñas musulmanas en colegios católicos, tesis varias sobre modelos de integración, diatribas contra el multiculturalismo y la presencia musulmana, el 11 de septiembre; temas sobre los que, una y otra vez, los líderes políticos se han apresurado a dar sus puntos de vista. Sobre todo ello, sobre esos puntos de vista, manifestados durante esos poco más de dos años repasados resumidamente, se basará este análisis.
Material utilizado y metodología
El material utilizado para este trabajo proviene, básicamente, de tres tipos de fuentes: por un lado se tomarán los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados y del Senado —lo que constituirá el corpus principal de fuentes—, siguiendo en ellos las intervenciones de cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios durante la tramitación legislativa de las dos “leyes de extranjería” y debates posteriores. Por otro lado, se atenderá a las manifestaciones públicas, de carácter oficial, reproducidas por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, PSOE, Partido Popular, CIU, PNV y Coalición Canaria; es decir, notas de prensa, artículos, entrevistas, discursos en congresos, en mítines, programas electorales, etc. Y, en tercer lugar, se atenderá a las manifestaciones de los líderes políticos recogidas por los medios de comunicación escrita.
Todo ello se estructurará siguiendo las distintas temáticas expuestas, buscando líneas argumentativas en torno a los temas claves de la sociedad española que se ven afectados por el fenómeno de la inmigración. Atendiendo a esas argumentaciones se tratará de mostrar cuál es la visión que cada grupo parlamentario tiene con respecto al tema de la inmigración, cómo este afecta a los mencionados temas clave. El interés principal del trabajo se dirigirá a las posturas expresadas por el Gobierno y el Partido Popular, por razones obvias. Sin embargo, no se olvidará tratar la visión de la Oposición, si acaso de forma más de conjunto, intentando encontrar líneas de posicionamiento común. A partir de ello se pretende mostrar que la visión que se tiene acerca de la inmigración implica una determinada forma de entender las necesidades de la sociedad española, implica la idea de un cierto modelo de sociedad y, con ello, un cierto modelo de sistema de convivencia.
Hasta el momento este tema se ha tratado dentro del marco de lo que se ha dado en llamar «Análisis Crítico del Discurso», a partir de los estudios del grupo encabezado por Teun Van Dijk y Ruth Wodak. Este marco de estudio se ha basado en la consideración —que tomo como base para este trabajo— de que el modo principal de transmisión ideológica es el discurso. A partir de él se pueden analizar las distintas formas de ideología que sustentan las diferentes concepciones sobre la sociedad. En lo que se refiere al tema de la inmigración, este marco metodológico se ha utilizado para analizar las formas en que, a través del discurso, se reproducen las concepciones racistas de la sociedad. Se parte del análisis lingüístico de los discursos para mostrar cómo se reproducen las diferenciaciones discursivas entre un «ellos» y un «nosotros», cómo se sobredimensionan los aspectos negativos de «ellos» y, mientras se ignoran los aspectos negativos de «nosotros», se sobredimensionan los positivos. De esta forma se agudizan las diferencias, se tiende al rechazo y a edificar, sobre esa fijación en lo positivo de «nosotros» y lo negativo de «ellos», la teórica superioridad de lo «nuestro», tratando así de justificar situaciones de exclusión social, discriminación, etc.[16] Sin embargo, en este trabajo, partiendo del mismo interés por el discurso político como forma principal de socialización y de transmisión ideológica, aún subrayando el peligro que las concepciones racistas suponen para la democracia, el análisis que se pretende realizar es un análisis más general acerca de la visión que la elite política tienen de la inmigración. No sólo se atenderá a las posibles concepciones racistas reproducidas en el discurso, sino que, principalmente, se atenderá al modelo de sociedad que demuestran tener los líderes políticos españoles y cómo lo transmiten a través de su discurso sobre la cuestión de la inmigración, el cual puede tener su base ideológica no sólo en el racismo, sino también en el nacionalismo, el cosmopolitismo, el humanismo, el paternalismo, el liberalismo, etc., sin considerar, claro, estas concepciones sociales puedan aparecer aisladas, sino que, igualmente, pueden aparecer mezcladas entre sí, superpuestas, complementadas mutuamente, etc.
En definitiva, este trabajo es un intento de traspasar la retórica del discurso político e intentar un acercamiento a los fundamentos ideológicos que sustentan las manifestaciones discursivas de los distintos líderes políticos. Este es un intento, simplemente, de entender lo que se nos dice y por qué se nos dice. Y, sobre todo, es este un intento de crítica, a sabiendas de que, previo a cualquier intento de mejorar, es necesario entender las causas profundas de la situación presente.
2. La Ley de Extranjería: ¿Los derechos de los inmigrantes o el control de la inmigración?
“Igualmente es cierto, señorías, que privar a los extranjeros de estos
derechos no va a evitar su venida, sólo va a servir para que todos nos sintamos
un poco más indignos en nuestra condición de seres humanos.”[17]
“(…), déjenme que les manifieste una envidia sana que les tengo,
señorías, y es el romanticismo que tienen todos ustedes.” [18]
El debate alrededor de las «leyes de extranjería» 4/2000 y 8/2000 giró, sobre todo alrededor de la concepción que acerca de los derechos de los inmigrantes tenía cada grupo parlamentario —centrándose, principalmente, en los derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga—. Al menos, ésta fue la cuestión definitiva para que los grupos optaran por la aceptación o el rechazo de una u otra ley.
Se pueden identificar dos puntos de vista contrapuestos en el modo que tuvieron los grupos parlamentarios de enfrentarse con esta cuestión: aquel que reivindica el reconocimiento de los mencionados derechos como parte inherente de la condición humana, necesarios para preservar su dignidad; y aquella que supedita ese reconocimiento a las circunstancias que marcan el contexto nacional, que supeditan ese reconocimiento a lo que se entiende como una razón de estado.
Los grupos que se posicionaron entre los que abogaban por la primera visión fueron, sobre todo, el Partido Socialista, Izquierda Unida, el Partido Nacionalista Vasco, y el Grupo Mixto[19]. Del otro lado se situó el Partido Popular, partido que sustentaba al Gobierno, tras producirse en él un cambio evidente de postura que a continuación trataré de describir. Por su parte Convergència i Unió y Coalición Canaria se situaron en una posición abierta a acercar posiciones con el Partido Popular a la vez que no abandonaron su posición en defensa del reconocimiento de los derechos centro del debate.[20]
Como señalaba en la introducción, hacia el verano de 1998 se presentan en el Congreso de los Diputados tres iniciativas parlamentarias que abogan por un cambio en la política de inmigración que seguía el gobierno español; política que, en ese momento, se enmarcaba jurídicamente en la primera «Ley de Extranjería», la que había promulgado el gobierno de Felipe González en 1985.
Promulgada en tal año, la Ley Orgánica 7/1985 mal podía responder a la situación que presentaba el fenómeno de la inmigración en la España de finales de los años noventa. Esta ley fue caracterizada más tarde como una ley «policial», que concebía la inmigración como un fenómeno transitorio y que concebía a los inmigrantes como “personas de paso y no como personas que tenían la voluntad de permanecer entre nosotros”[21]. El celo en el control fronterizo y la negación de derechos fundamentales a los extranjeros daban a esta ley un carácter que en poco ayudaba a la integración de los inmigrantes, cuya presencia, cada vez más importante en la sociedad española, preocupaba. Más aún cuando empezaban a aparecer manifestaciones cotidianas de rechazo hacia los extranjeros[22]. Esta situación se trató de paliar con una reforma del reglamento de ejecución de la LO 7/1985, pero, como ya se ha señalado, esta reforma fue manifiestamente insuficiente, por lo que el 16 de junio de 1998 Convergència i Unió, Izquierda Unida y el Grupo Mixto presentaron tres iniciativas que incidían en remarcar esta circunstancia: que la ley de 1985 ya no respondía a las necesidades de la sociedad española. Era necesario reformarla para abordar el fenómeno de la inmigración desde una nueva perspectiva que pusiera más el acento en la integración de los extranjeros en la sociedad española, que facilitara esta integración reconociendo sus derechos lo más posible para equipararlos a los de los españoles. Como señalaba el diputado de Izquierda Unida, Castellano Cardalliaguet:
“Se trata ni más ni menos que de buscar en el hecho migratorio todo aquello que tiene de positivo y de enriquecedor, sobre la base de un doble comportamiento: el comportamiento del país receptor, en una actitud que elimine por completo todo recelo y que concluya el reconocimiento de esos ciudadanos —porque ciudadanos son, hayan nacido donde hayan nacido—, la incentivación de su aportación al quehacer de una comunidad, y desde otro punto importantísimo, que es la salvaguardia y la garantía de todos sus derechos subjetivos.”[23]
Esta propuesta de cambio en la «filosofía» que guiaba la política de inmigración fue bien recibida por el resto de los grupos parlamentarios. Incluso, desde el PSOE y el PP, se consideró aún insuficiente. Se consideró que las tres iniciativas todavía se «quedaban cortas» y se basaban demasiado en la legislación anterior. Se criticaba que:
“Realmente no se entra en la superación de situaciones anteriores, seguimos estando en una vía de control estricto de extranjeros. Desde ese punto de vista, es un desarrollo de normas ya contenidas en el reglamento, aporta muy pocas novedades y las que aporta suponen conceptos más restrictivos o más perjudiciales para el extranjero que la actual regulación.”[24]
De tal modo que, aún estando a favor de la idea de que se produjera un cambio de legislación en la línea propuesta, se argumentaba que el cambio debía de ser mayor para lograr lo que se deseaba: incorporar a los ciudadanos extranjeros a la sociedad española.
El acuerdo en torno a la necesidad de cambio hizo posible que el Congreso se pusiera a trabajar en la tramitación de una nueva «Ley de Extranjería». Durante casi dieciocho meses tuvieron lugar los trabajos de la Comisión encargada de la redacción de la Proposición de Ley. Durante ese tiempo de trabajo los grupos discutieron todos y cada uno de los puntos de la ley, llegando a un texto consensuado definitivamente. Se llega, al fin, a una ley que “supera una ley de extranjería anticuada, que correspondía a momentos diferentes, a una situación española, tanto en el nivel de sus relaciones internacionales como en su nivel económico y de desarrollo, muy distinto de la que nos encontramos hoy. Vamos a lograr poner en marcha una ley que no contempla al extranjero sólo como un elemento al que hay que controlar en frontera, sino que contempla al extranjero como un elemento más que aporta a esta sociedad, que tiene capacidad de aportación a esta sociedad y que esta sociedad tiene que ser receptiva a esa aportación.”[25]
Con este talante de acuerdo, de consenso, en el que todas las fuerzas han aportado su punto de vista para conformar el texto legislativo, se presenta el Proyecto de Ley en el Pleno del Congreso de los Diputados, el 25 de noviembre de 1999.
La ley que se proponía suponía un avance objetivo en el reconocimiento de los derechos de los extranjeros en España. Se les reconocían los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación, huelga. Se reconocía igualmente el derecho de sufragio en las elecciones municipales a aquellos que tuvieran permiso de residencia, abriendo así el camino para que los extranjeros pudieran participar en la vida política de sus municipios. Igualmente, se agilizaban los procesos de regularización estableciendo la posibilidad de que los extranjeros que hubieran permanecido en el país durante al menos dos años y acreditaran un grado suficiente de arraigo pudieran obtener el permiso de residencia de forma «automática».
De esta forma la nueva ley se configuraba como una ley que, efectivamente, cambiaba de forma sustancial la «filosofía» de la política migratoria del estado español. Se configuraba como una ley que se enfrentaba a la presencia de inmigrantes que no tenían regularizada su estancia tratando de evitar su marginación social, reconociéndoles los mencionados derechos, y, a la vez, con el mismo objetivo, se les facilitaba el acceso a la «regularización». Sin embargo, la ley mantenía unos sistemas de control estrictos para la entrada en el país. Mantenía la política de visados y de control policial estricto de las entradas y se abogaba por la fijación de «contingentes» para la regularización y la contratación de trabajadores extranjeros desde sus países de origen. Pero, por otro lado, no contemplaba el procedimiento de expulsión de los extranjeros que estuvieran en situación «irregular» dentro del país; e introducía métodos para evitar la arbitrariedad en los procesos administrativos de este tipo cuando afectaran a extranjeros que hubieran realizado “conductas de las tipificadas como muy grave” y algunas de las consideradas graves[26].
Precisamente por ese talante de la ley, que abogaba por tratar de incorporar también a los inmigrantes «irregulares» en ese proceso de integración de los extranjeros —por el que había surgido la necesidad de reformar la legislación—, antes incluso de que la proposición llegara al Congreso, ésta empezó a ser discutida por determinados sectores del Gobierno[27]. El principal ministro que se situaba en contra de la Proposición fue Mayor Oreja, Ministro del Interior. Durante los días previos al pleno del Congreso efectuó una serie de manifestaciones contrarias a la tramitación de la ley tal y como había salido de la Comisión parlamentaria. Después de casi dieciocho meses de trabajo, en los que los diputados del Partido Popular habían participado del consenso que dio lugar al texto definitivo de la Proposición; dieciocho meses durante los que ninguna voz procedente del Gobierno se había mostrado en contra de lo que se estaba realizando en la Comisión; el Ministerio de Interior abanderaba una campaña de desprestigio del trabajo consensuado, calificándolo de “insensatez” y haciendo referencia a los problemas de seguridad y de convivencia que la legislación iba a provocar[28].
A causa de esta postura defendida por el dicho sector del Gobierno, la actitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso cambia totalmente en lo referente a la Proposición de Ley. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales deja su sitio al Ministerio del Interior[29] para el tratamiento de las cuestiones relativas a la inmigración; el diputado Jordano Salinas, encargado del trabajo en la Comisión en representación del PP, desaparece de escena[30] y su lugar es ocupado por Luis de Grandes el cual se ocupará de manifestar la nueva postura de su grupo:
“(…) hubiera sido preferible que la búsqueda de hacer una buena ley se hubiera impuesto sobre la necesidad de una dudosa urgencia.
(…), dos órdenes de motivos nos fuerzan a someter a la consideración de la Cámara los ajustes que, a nuestro juicio, resultan imprescindibles: de una parte, nuestra integración en un ámbito territorial en el que se está desarrollando una política migratoria común; de otro, la necesidad de mantener las medidas de control imprescindibles para posibilitar el ejercicio de nuestra propia política dentro de las directrices de la Unión Europea.”
(…), se trata de tutelar e integrar a los inmigrantes que se encuentran entre nosotros y de encauzar la inmigración por vías legales. Los consulados en lugar de la patera o el polizonaje y de no provocar, aun llevados de los mejores sentimientos, efectos que no estamos en condiciones de prever, ni mucho menos de garantizar.”[31]
Por un lado, se trata de menospreciar el trabajo en Comisión llegando a considerarlo un trabajo producto de “una dudosa urgencia”. Este es un tema que se repetirá en las argumentaciones de los representantes del Gobierno durante los meses siguientes: la ley ha sido producto de la prisa: la necesidad de aprobarla antes de que acabara la legislatura[32], cuando el PP aún sufría de la falta de una mayoría absoluta en el Congreso. Se utiliza este argumento para ir más allá y llegar a decir que la necesidad de la Oposición por aprobar la Ley constituía en realidad un intento por derrotar al Gobierno en el último tramo de la legislatura:
“(…) han sido sobre todo los partidos de la izquierda y sus movimientos o entes más próximos los que están haciendo un gran ejercicio de irresponsabilidad social y política a la vista de las fechas preelectorales en que nos encontramos. (…) son más importantes para ustedes las elecciones próximas y los votos posibles que esos extranjeros a los que están manejando a su antojo (…)”[33]
Dos líneas argumentativas principales seguía el Partido Popular para oponerse a la Proposición de ley: en primer lugar, al otorgar los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros que se encontraban en situación «irregular», al facilitar la «regulación» de éstos trascurridos dos años de estancia, al no contemplar la situación de estancia «irregular» como una situación sancionable con la expulsión, la ley producía lo que se calificó de «efecto llamada». El señor Fernández-Miranda lo expresó más tarde diciendo que la ley “puso en todas nuestras fronteras un inmenso cartel de neón que decía: entrada libre”[34].
En segundo lugar, se argumentaba que la ley era contraria a los acuerdos adquiridos por el Gobierno español en el Consejo europeo de Tampere, en que se estableció que:
“El estatuto jurídico de los nacionales de terceros países debería aproximarse al de los nacionales de los Estados miembros. A una persona que haya residido legalmente en un Estado miembro durante un periodo de tiempo por determinar y que cuente con un permiso de residencia de larga duración, se le debería conceder en ese Estado miembro un conjunto de derechos de carácter uniforme lo más cercano posible al de los ciudadanos de la Unión, que contenga, por ejemplo, el derecho a residir, recibir educación y trabajar por cuenta ajena o propia, sin olvidar el principio de no discriminación respecto de los ciudadanos del Estado de residencia. El Consejo Europeo hace suyo el objetivo de ofrecer a los nacionales de terceros países que hayan residido legalmente durante un periodo prolongado la posibilidad de obtener la nacionalidad del Estado miembro en que residen.”[35]
En el capítulo tercero se tratará la cuestión del «efecto llamada» contrapuesto a la noción de «control» o «gestión» de «flujos migratorios». Por el momento cabe señalar que es sobre todo alrededor de este concepto de «efecto llamada» y a la consiguiente supuesta “llegada masiva de inmigrantes”[36] a partir de lo que se construye la campaña del PP contra la Proposición de Ley.
Por su parte, los grupos de la Oposición se mantienen fieles al texto de la Propuesta y contestan al temor a un posible «efecto llamada» señalando que la ley “mantiene los mismos elementos de control de flujos que funcionan en España desde 1985.” “No hemos hecho”, decía Carles Campuzano, “una ley de puertas abiertas, no la podemos hacer, no la queremos hacer, nadie la quiere hacer, ningún grupo la quiere hacer. Hemos planteado una proposición de ley que avanza —repito, avanza— en la perspectiva de la igualdad de derechos y deberes entre inmigrantes y ciudadanos españoles, (…)”[37]. Aunque el mayor temor se dirige hacia las noticias que llegaban desde fuentes cercanas al Gobierno que anunciaban el deseo de aquél por utilizar su mayoría absoluta en el Senado para recortar los derechos reflejados en el Proyecto a los inmigrantes «irregulares». Desde Izquierda Unida, Castellano Cardalliaguet se posicionaba a este respecto señalando que:
“Desde luego, les voy a decir claramente que Izquierda Unida no va a negociar ningún derecho humano so pretexto de ninguna razón de Estado, porque la única razón de Estado que cabe para Izquierda Unida es la razón del Estado social y democrático de derecho, que no distingue ni en el color de la piel ni en las creencias; sólo distingue, pura y sencillamente, lo que significan actitudes democráticas y actitudes antidemocráticas.”[38]
A ello, el grupo popular respondía diciendo:
“Nada más lejos de nuestro propósito que limitar o condicionar los derechos fundamentales de los extranjeros, nada más ajeno a nuestras convicciones que las actitudes discriminatorias.”[39]
Veremos que la cuestión estriba en qué se entiende por «derechos fundamentales».
Una vez el texto de la Proposición de Ley fue aprobado por el Congreso y pasó al Senado, la posición del Partido Popular se clarificó. En la Cámara Alta introdujo en el texto una gran cantidad de enmiendas tendentes a recortar los citados derechos a la vez que a endurecer las posibilidades de acceder a la regulación de la estancia. Todo ello en favor del «control de flujos migratorios», la lucha contra el «efecto llamada» y las mafias de la inmigración, y un supuesto respeto a Tampere:
“Nosotros creemos que los que se han esforzado en tener sus papeles en regla, los que llegan a nuestro país con unos permisos de residencia adecuados o los que consiguen sus papeles —como se dice en el argot habitual— deben tener más derechos que los que no tienen ninguna intención a ese respecto, o bien no han podido o no han querido conseguir sus papeles ni tener situación en regla. (…) Porque si no, usted estaría mezclando a todos aquellos que se esfuerzan por venir a España con sus papeles en regla con los que negocian con armas, con los que negocian con trata de blancas, con los que negocian con cualquier transporte ilegal o con cualquier situación ilegal. Todos los extranjeros son iguales, y en eso es en lo que nosotros no estamos de acuerdo, Senador Román Clemente.”[40]
“Podría, señorías, citar algún precepto más de esas importantísimas conclusiones del acuerdo de Tampere. Todos coinciden en un aspecto común: siempre habla de residentes legales como beneficiarios de derechos y libertades. Sin embargo, este Grupo Parlamentario, respetando al máximo ese mandato, ha ido más allá, y acorde con el texto del Congreso ha respetado que todos los extranjeros, en situación legal o ilegal, pudieran mantener unos derechos básicos, como el de la educación infantil obligatoria, o el derecho a una sanidad pública para todos, incluidos los niños o las mujeres embarazadas. (…).”[41]
El interés por evitar la inmigración «irregular» lleva a, por un lado, confundir a inmigrantes sin papeles con “los que negocian con armas, con los que negocian con trata de blancas”[42], y, por otro, a decir que el reconocimiento de los derechos a esta clase de inmigrantes supone una especie de desprecio hacia aquellos que se “esfuerzan” por conseguir sus papeles; es decir, siguiendo esta argumentación de Merino Delgado, si no tienen sus papeles, despreciando manifiestamente a la administración española, no merecen que se les reconozcan los mismos derechos que a los inmigrantes que, en cambio, sí realizan ese “esfuerzo” por seguir las pautas marcadas por la administración. Así, ciertos derechos, lejos de ser inherentes a la persona, son propios de aquellas personas que cumplen ciertos trámites con la administración, en este caso, estos trámites se ligarán a cuestiones económicas —permiso de trabajo, contrato, nivel adquisitivo alto—[43]. De tal forma, seguidamente, el interés discursivo principal en cuanto a la cuestión de los derechos estribará en negar que los no reconocidos a los «irregulares» se puedan considerar como derechos fundamentales, mientras se afirmará, una y otra vez, que los derechos que sí son considerados fundamentales son defendidos sin duda. Así, el senador del Partido Popular no tiene reparos en afirmar, cuando se refiere al texto elaborado por el Senado —con las enmiendas introducidas por el Partido Popular—:
“(…), me parece legítimo que usted quiera y pretenda defender los derechos fundamentales de la persona, y comparto con usted esa defensa, pero usted sabe que todos esos derechos fundamentales están recogidos sobradamente en el texto, (…).”[44]
En este sentido, no cabe sorprenderse cuando el Delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, don Enrique Fernández-Miranda, sostenga al referirse al proyecto del Gobierno de reformar la LO 4/2000 y como si de un logro se tratase, que el texto mantiene el “derecho a la vida como derecho fundamental”[45].
De esta forma, al presentarse el texto de la mencionada reforma, el ministro Mayor Oreja evitará este debate en torno a los «derechos fundamentales» afirmando que “el planteamiento de fondo a la hora de abordar esta reforma es que no hay que tratar de hacer una lista de derechos, porque una exhaustiva enumeración de los mismos no significa que mejoren los derechos de los inmigrantes. Lo importante es que el cumplimiento de esos derechos sea una realidad efectiva, que coincida el enunciado de un derecho con la realidad de su ejercicio.”[46]
“Lo importante es que el cumplimiento de esos derechos sea una realidad efectiva, que coincida el enunciado de un derecho con la realidad de su ejercicio”: es una frase que retomarán varios representantes del Partido Popular[47] para evidenciar que se trata de una argumentación totalmente válida para ellos; sorprendentemente, si tenemos en cuenta que precisamente lo que hace la Ley de reforma de la LO 4/2000 propuesta por el Gobierno es disociar el reconocimiento de determinados derechos, su enunciado, del ejercicio de los mismos de esta forma: “los extranjeros tendrán el derecho de reunión, conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España.” Y lo mismo cabe decir en lo referente a los derechos de asociación, manifestación, sindicación y huelga.[48] Únicamente se entiende el recurso continuado a esta frase si se considera que sólo se hace referencia a los inmigrantes que tienen regularizada su situación administrativa. Por tanto, para el resto de los inmigrantes cabe, no sólo diferenciar entre el enunciado y el ejercicio, sino, lo que es lo mismo, negar esos derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga. Como explica Manuel Aragón:
“Entender que «todos los extranjeros son titulares» de los derechos pero que «solo los residentes los pueden ejercer» además de ser una impropiedad jurídico-dogmática es emplear un lenguaje confuso para encubrir (con una especie de falso pudor) una realidad: la de que si un mayor de edad no incapacitado tiene la titularidad y no el ejercicio del derecho no tiene entonces, en el presente, derecho alguno.”[49]
Esa negación de hecho de los dichos derechos sería justificada, según el Partido Popular, y sería argumentable jurídicamente. Para el Partido Popular sería una negación acorde con el derecho y, por ello, justa:
“En primer lugar, están los derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros, cuya regulación ha de ser igual para ambos sin posibilidad de atemperación respecto a los extranjeros. Me estoy refiriendo, señorías, a los derechos de primera generación, a los que son básicos para la realidad plena de la dignidad humana, que son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la libertad personal y a la seguridad.
El segundo grupo de derechos son los que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros, salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en elecciones locales.
Queda un tercer grupo de derechos, señorías, que son los derechos respecto de los cuales el artículo 13 de la Constitución reconoce a los tratados y a las leyes la posibilidad de establecer condicionamientos adicionales al ejercicio por parte de los extranjeros siempre que se respeten las prescripciones constitucionales; y aquí entran en juego derechos tan controvertidos —vean que han sido objeto no solamente del veto, sino de múltiples enmiendas por parte de los grupos parlamentarios— como son los de asociación, de reunión, de manifestación, de libertad sindical y de huelga.
(…) el Consejo de Estado ha emitido también una opinión claramente coincidente, y afirma que el proyecto restringe a los extranjeros que se encuentran legalmente en España, los derechos de reunión, manifestación, asociación y huelga, y es lógico que así sea —dice el Consejo de Estado—porque tales derechos positivos de libertad no pueden corresponder ni ejercerse por quien se coloca al margen de la propia legalidad.
Por lo que se refiere al requisito de la residencia legal para la titularidad y el ejercicio de los derechos, necesariamente me voy a remitir a la sentencia 104/1984 del Tribunal Constitucional que, a este respecto dice: la existencia de una legislación que exige el requisito administrativo de la autorización de residencia para reconocer al extranjero la capacidad de celebrar válidamente un acto jurídico, no se opone a la Constitución; la desigualdad resultante con relación a los españoles no es, en consecuencia, inconstitucional porque sencillamente en esta materia nada exige —repito, nada exige— que deba existir igualdad de trato.”[50]
Así, no sólo es necesario establecer esta diferenciación entre los derechos de los «regulares» y los de los «irregulares» para llevar a cabo una política de inmigración “prudente”, como señalaba Mayor Oreja, y evitar males mayores producidos por el temido «efecto llamada», sino que, además, es una diferenciación jurídicamente justa. Además, siguiendo esta línea argumentativa, se puede afirmar sin temor, que una diferenciación tal no atenta contra los «derechos fundamentales», ya que éstos se reducen a “el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad ideológica, el derecho a la tutela judicial efectiva, a la libertad personal y a la seguridad”. Una relación de derechos tan general que en ella se podrían contener, por derivación, todos los demás, pero, evidentemente, no se llega a tanto. Al fin y al cabo, para esta diferenciación en el ejercicio de los dichos derechos existen motivos superiores a los meramente jurídicos. Incluso, comparando la reforma de la ley tramitada por el Partido Popular —la LO 8/2000— con la ley de 1985 se puede llegar a afirmar que la dicha reforma es progresista y un gran avance para la integración de los inmigrantes. Para el Presidente del Gobierno, José María Aznar esta línea de política de inmigración es la única sensata, como se esfuerza por evidenciar:
“Yo quiero deciros una cosa: cuando yo veo la Ley de Extranjería que había en España en los años 1984-85, y no quiero recordar quién gobernaba entonces, y veo lo que hay ahora, digo: cómo es posible que, además de eso, al Gobierno se le critique desde esas posiciones? Porque la Ley actual con la de hace años es que no admite ni punto de comparación en nada. (…), nosotros tenemos que fomentar la inmigración legal porque, si no se fomenta la inmigración legal, es muy difícil practicar una política de inmigración. Ningún país del mundo y ninguna legislación del mundo contempla que un país pueda desarrollar sus políticas de inmigración sobre la base de lo ilegal, ningún país del mundo, y a ningún Gobierno del mundo ningún responsable político sensato le puede pedir que estimule la ilegalidad. Es por eso por lo que hay que distinguir entre legales e ilegales. Así de claro y así de sencillo.¿Qué fórmula es la que nos proponían a nosotros? A nosotros nos decían una fórmula genial, que verdaderamente formaría parte de los estudios políticos. Nos decían: «como hay ilegales, problema resuelto: todos los ilegales los convierte usted en legales». ¿Y si a los seis meses pasa lo mismo? Pues a los seis meses, otra vez: todos los ilegales, en legales. ¿Y si pasan otros seis meses y lo mismo? Haga usted lo mismo: todos los ilegales, a legales. ¿Y así toda la vida? Sí. Pues eso se llama estimular, incentivar, instar y basar una política de inmigración sobre la inmigración ilegal porque, por la misma razón que antes poníamos otros ejemplos, ¿para qué uno va a acudir con un permiso de trabajo a un país y ser inmigrante legal? Decían: «pues a lo mejor tiene usted razón pero, si no convierte al ilegal en legal, al menos lo que usted tiene que hacer es darle al ilegal todos los mismos derechos que al legal». ¿Pero qué está usted diciendo? Eso no se le puede presentar a ningún sitio del mundo. Usted dice esas cosas en un Consejo de la Unión Europea y le dicen: usted ha perdido la cabeza. Otra cosa distinta es que, cuando tiene usted un problema de inmigración ilegal, tenga que atender ese problema de inmigración ilegal; pero el problema de inmigración, que es un problema que tendrá España para mucho tiempo, por una razón que nos tenemos que acostumbrar a él, lo tenemos que tratar desde el ámbito de la legalidad. Solamente desde la legalidad y solamente con el ámbito de legalidad podemos hacer lo que queremos hacer, (…), que eso es lo que quiere esta Ley que hemos puesto en marcha. Eso es lo que quiere esta Ley; lo que no quería la otra, lo que quiere ésta.”[51]
Hay que notar que para Aznar lo principal es articular una determinada gestión de los «flujos migratorios» que sea acorde con lo que se supone es el deseo de la Unión Europea y acorde con lo que se contemplan como las necesidades y las posibilidades de acogida de la sociedad española. Si para llevar a cabo esta determinada gestión de los «flujos migratorios» es necesario restringir derechos a los «irregulares», se debe hacer, y ello, según el Partido Popular, es justo que se haga, ya que está acorde con el derecho constitucional español. Los inmigrantes pierden, así, justamente, su calidad de personas jurídicamente iguales al resto de personas en pos de una administración políticamente “sensata” del fenómeno migratorio. Los inmigrantes «irregulares» se convierten, de esta forma, en víctimas de una especie de permanente estado de excepción[52], teniendo en cuenta que “se ponen en juego intereses vitales del Estado”[53], que suspende el disfrute de sus derechos.
Por su parte, el resto de los grupos parlamentarios, mientras abren sus posiciones a la discusión del resto de los puntos tratados en las leyes, se mantienen durante todo el periodo fieles a su visión de que los derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga, son derechos necesarios para preservar la dignidad humana, la extensión colectiva de derechos fundamentales del individuo. Siguiendo a Margarita Uría, son “derechos indisolublemente unidos a la dignidad y a la libertad de las personas sin los cuales no puede manifestarse una de las dimensiones fundamentales de la condición humana, la de la relación con los semejantes para el desarrollo y el reforzamiento de lo que les une.”[54]
Se llega a plantear, en esta línea, que la supresión de tales derechos atenta directamente contra el carácter democrático del sistema político español. En esta línea se sitúan los diputados de Izquierda Unida cuando señalan que las posiciones que se defienden durante la tramitación de las «leyes de extranjería» sitúan a cada grupo dentro o fuera de los ideales democráticos[55]. También se plantea la cuestión de lo que supone la citada supresión de derechos para la Democracia desde la posición de Coalición Canaria cuando su diputado el señor Mardones afirma:
“No se puede celebrar el 50º aniversario de su declaración [la Universal de los Derechos Humanos] aprobando un texto como el que nos viene del Senado [durante la tramitación de la LO 4/200]; sería de bochorno democrático. En segundo lugar, en razón de una sintonía con los principios de la ética democrática. La democracia no es solamente un procedimiento formal; la democracia como idea está basada en los principios, y Coalición Canaria trata de que en relación con el consenso, que estuvo fundamentado no en un texto más o menos normativo y en una regulación reglamentaria sino en principios inspiradores de una ética democrática, recuperemos precisamente esos principios.”[56]
Aparte de que la supresión de los citados derechos atenta, para los grupos de la Oposición, contra los principios democráticos, no es una medida que vaya a ayudar al fin que se propone: frenar la llegada de inmigrantes «irregulares». Para estos grupos una medida tal sólo supone la marginación de los inmigrantes que ya se encuentran en el país, impide su organización y su defensa contra los abusos de que puedan ser objeto, en definitiva, los aboca a la exclusión social y pueden llegar a convertirse en causa de conflictos sociales. Esta medida, para los citados grupos, en nada ayudará a restringir la entrada en el país o a debilitar el supuesto «efecto llamada» desincentivando a las personas que estén pensando entrar en España. En este sentido, y conjugándolo con el citado temor a ver amenazados los principios democráticos, la diputada del PNV Margarita Uría expresará este punto de vista con las siguientes palabras:
“Igualmente es cierto, señorías, que privar a los extranjeros de estos derechos no va a evitar su venida, sólo va a servir para que todos nos sintamos un poco más indignos en nuestra condición de seres humanos.”[57]
Tampoco para estos grupos la referencia a los compromisos que España ha adquirido con la Unión Europea constituyen una excusa válida para negar estos derechos. Para algunos grupos, como Izquierda Unida, Tampere no dice lo que el Partido Popular dice que dice:
“Se había hablado tanto de Tampere que, después de conocer estas conclusiones, habrá que decirles a los señores del Grupo Popular: No volváis a invocar el nombre de Tampere en vano; no lo volváis a invocar. Yo me temo muy mucho que no lo habéis leído, me temo que no lo habéis leído.”[58]
Se refiere con ello a lo que más tarde Diego López Garrido expresó diciendo que en Tampere “se aboga por una integración y por una equiparación de derechos de los extranjeros y de los nacionales en los países de la Unión Europea”[59], en otras palabras: que en Tampere se habla de todos los extranjeros no sólo de los «regulares», punto de vista éste que no se verifica atendiendo al texto del Consejo que he podido consultar.[60]
Por otro lado, se señala que aunque Tampere afirmara que hay que avanzar en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos nacionales de terceros países —de fuera de la Unión— residentes —léase sólo los que poseen permiso de residencia— en los estados miembros lo más posible para acercarlos a los de los nacionales de esos estados, esto no implica que para el resto de personas se puedan recortar derechos que son considerados fundamentales en textos tan importantes como la Declaración Universal de 1948 o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea:
“(…) acabamos de aprobar en este Parlamento, por unanimidad por cierto, el apoyo a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en esa proposición no de ley que a iniciativa del Grupo Socialista se aprobó hace unas semanas en el Pleno del Congreso se dice que deben gozar de todos esos derechos en igualdad de condiciones los seres humanos, sea cual sea su nacionalidad. (…) No tendría sentido que algo que hemos aprobado para el conjunto de la Unión Europea lo negásemos para España, (…). (…) En ese Convenio Europeo de los Derechos Humanos se deja muy claro que cualquier persona que esté bajo la jurisdicción de un Estado que firma o ratifica el convenio, entre ellos España, tiene igualdad de derechos respecto de los nacionales de ese país en aspectos muy importantes de esos derechos —por ejemplo, la libertad de expresión, la tutela de la vida y la integridad física—, pero también algunos de los derechos que son limitados o cercenados para extranjeros en situación administrativa irregular por el proyecto del Gobierno, por ejemplo el derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho de asociación o derecho de sindicación. (…).”[61]
Ante este argumento las voces provenientes del Gobierno no opusieron ninguno para rebatirlo. Como se ha explicado, para el grupo Popular y el Gobierno, los derechos en liza, estaba jurídicamente probado, no eran derechos fundamentales. Como se ha visto, este no reconocimiento de derechos suponía un elemento básico para evitar el «efecto llamada». Pero este no reconocimiento se ha justificado también de otra manera. Mikel Azurmendi, presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, persona nombrada por el Gobierno para ejercer esa labor, ofrecía otro punto de vista, punto de vista que no he encontrado en ninguna de las intervenciones parlamentarias de los miembros de grupo Popular pero que, sin embargo, creo, clarifica mucho la postura de este grupo y del Gobierno con respecto a este tema en cuestión.
Durante su comparecencia ante la Comisión Especial sobre la Extranjería y la Inmigración del Senado, el señor Azurmendi tomaba en consideración el tema del no reconocimiento de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga a los «irregulares» de la siguiente manera:
“(…), tras mi experiencia de campo en Almería y mis contactos permanentes con ONG de emigrantes o de apoyo a los emigrantes, también sostengo que no es un desatino suspender de derechos de huelga, asociación y manifestación al inmigrante no residente, es decir, a quien ha entrado de forma irregular o se haya al margen de la legalidad. (…). Sostengo que esta opción –los tribunales dirán si tan legítima como la otra– es más prudente que la anterior, porque hoy por hoy nuestro país no está preparado ni económica ni culturalmente para asumir que todos los inmigrantes que quieran vengan a instalarse entre nosotros, y con la Ley 4/2000 en la calle no habría manera de impedírselo puesto que cuantos entrasen en nuestro país, cometiendo una infracción legal, podrían organizarse legalmente con esos derechos al objeto de lograr dejar de ser ilegales.”[62]
De forma clara este nuevo punto de vista expresado por el señor Azurmendi entronca con lo expresado más arriba acerca de que el no reconocimiento de esos derechos suponía, en la práctica, una permanente situación de estado de excepción para los «irregulares». Evidentemente, como en el caso del estado de excepción, con esta medida se pretende facilitar el trabajo de las «fuerzas del orden», rebajar toda la serie de «cortapisas» que el estado de derecho les impone para el ejercicio de su labor, evitando que la organización de los inmigrantes, la protesta o la denuncia, puedan suponer un peligro para su eficacia.
3. «Efecto llamada» y «Control de flujos migratorios»
“(…), ¿sabe en qué se traduce el efecto llamada de esa ley, desde mi punto de vista igual de legítima que la 8/2000, desde el suyo mucho más legítima que la 8/2000? Puso en todas nuestras fronteras un inmenso cartel de neón que decía: entrada libre, y así como en el año 1999, cuando teníamos en vigor la ley de 1985, llegaron a la Península y a Canarias en pateras 3.000 personas, a lo largo del año 2000, en que estuvo en vigor la ley 4/2000, llegaron tanto a la Península como a las islas Canarias 15.000 personas, de 3.000 a más de 15.000. Y así como en el año 1999 llegaron a Fuerteventura, que tanto le preocupa, 657 personas, a finales del año 2000, estando en vigor la ley 4/2000, llegaron 1.858. Por tanto vamos a hablar de efecto llamada y vamos a llevarlo a sus justos términos.”[63]
“El único efecto llamada importante es la necesidad de todos esos ciudadanos
y ciudadanas que tienen que salir de sus países y que lo van a hacer,
sea una u otra la normativa, porque el dilema es sobrevivir o
no tener ni trabajo ni otro medio de subsistencia.”[64]
En el anterior capítulo se señalaba que una de las principales razones por las que el Partido Popular optó por reformar la Ley Orgánica 4/2000 fue porque, a su entender, ésta producía lo que se comenzó a denominar como «efecto llamada». Se establecía así una especie de relación causa-efecto entre la promulgación de esa ley y la supuesta llegada a España de muchos más inmigrantes de los acostumbrados. Inmigrantes «irregulares», claro, que entraban en el país a sabiendas de que dispondrían de los mismos derechos que los inmigrantes «regulares» y que, además, tras dos años de estancia en España, conseguirían de forma «automática» el permiso de residencia. Con más facilidad aún por cuanto la ley no contemplaba que la estancia «irregular» en España fuera sancionable con la expulsión. La ley 4/2000, en definitiva, según el punto de vista del Partido Popular, fomentaba la inmigración irregular e impedía al Gobierno llevar a cabo una política de «control o gestión de flujos migratorios» apropiada para la, indeterminada, «capacidad de acogida» de España. En estos términos lo expresaba el Ministro del Interior:
“No se trata [el procedimiento de regularización por «arraigo» de la LO 4/2000] de una simple habilitación al Gobierno para regularizar situaciones ilegales en determinadas circunstancias, se trata de un mecanismo permanente derivado directamente de la ley. Estamos ante un precepto que ofrece, con carácter general e indefinido, requisitos poco exigentes. Es una salida permanente para la situación de ilegalidad y esto, en la práctica, significa una llamada para los extranjeros que permanecen en situación ilegal durante el período establecido de dos años, ya que saben que, pasado ese plazo y con la acreditación de esas condiciones, serán regularizados automáticamente.
Señorías, esta previsión, unida a la limitación de facultades de expulsión de extranjeros en situación ilegal, impide el establecimiento de una política migratoria asentada sobre la canalización de los flujos migratorios. No se puede nunca ordenar una política de inmigración sobre lo irregular; al revés, habrá que saber poner siempre el acento en que una política de inmigración sólo puede ser administrada en la medida que se haga desde la máxima capacidad y seguridad de la legalidad. Una norma de esas características carece, además, de paralelo en derecho comparado en la Unión Europea. Evidentemente, no puede decirse que contribuya a incentivar la entrada en España mediante procedimientos legales desde el origen, sino todo lo contrario.”[65]
Frente a ello, el Partido Popular proponía otra política:
“(….), propugnamos los acuerdos que permitan suprimir determinadas disposiciones incentivadoras de la entrada ilegal de extranjeros en España y en la Unión Europea, tales como la extensión de derechos socioeconómicos a situaciones de ilegalidad, el automatismo que se pretende imponer en la mayor parte de las decisiones y la institucionalización de un mecanismo permanente de legalización. (…) la difuminación de los límites entre situaciones de legalidad e ilegalidad, contribuiría a incentivar flujos no sólo excesivos, sino perjudiciales para esos legítimos intereses y perturbadores para la integración de los inmigrantes en la sociedad española.”[66]
De tal forma, como se explicó en el capítulo anterior, era necesario desincentivar la entrada en el país de forma «irregular» y para ello convenía eliminar la equiparación de derechos entre los inmigrantes «regulares» e «irregulares», eliminar la posibilidad de la «regularización automática» al cabo de dos años, e introducir la expulsión del país como modo de sanción a la estancia «irregular». Con ello se esperaba que, al igual que las disposiciones insertas en la LO 4/2000 habían provocado el «efecto llamada», su eliminación acabaría, por tanto, con el indeseado efecto. Ello contribuiría a que se pudiera iniciar un proceso de canalización de la inmigración por vías legales —cosa que impedía la LO 4/2000[67]— lo cual beneficiaría a los propios inmigrantes «regulares», que verían reconocidos la máxima cantidad de derechos, haciendo posible su integración, y permitiría que la sociedad española recibiera la presencia de esos extranjeros sin traumatismos y sin rechazo:
“No podemos llegar al desmantelamiento de los mecanismos de decisión para convertir la entrada, el visado o la residencia, en fórmulas inadecuadas que produzcan el automatismo en la legalización de situaciones irregulares y que inciten a instalarse en España a los extranjeros que decidan llegar, burlando la ley y ocupando el lugar de aquellos otros cuya incorporación a nuestra sociedad pudiera resultar más conveniente a nuestros intereses, a los intereses de los propios inmigrantes legales y, en consecuencia, más favorecedora a la integración.”[68]
Una política basada en lo que establecía la LO 4/2000 suponía, según José María Aznar, “tener totalmente descontrolados los flujos migratorios, o es no distinguir entre los inmigrantes legales o ilegales, o es facilitar las cosas a aquellas organizaciones mafiosas, porque no tienen otro nombre, que se dedican a la explotación criminal de inmigrantes”[69].
La historia de la idea del «efecto llamada» tiene su origen más probable en unas declaraciones provenientes del Ministerio del Interior en las que se aseguraba que la promulgación de la LO 4/2000 “supondría un estímulo para que miles de extranjeros trataran de atravesar las fronteras españolas.”[70] Estas declaraciones se vieron más tarde reafirmadas por el propio ministro, que aseguraba que la ley “podría provocar una llegada masiva de inmigrantes a nuestro país.”[71]
A partir de ese momento, la campaña del Partido Popular contra la LO 4/2000 contará siempre con este aspecto: la ley ha provocado una llegada masiva de inmigrantes, un «efecto llamada». Es un argumento que se retomó con motivo de la tramitación de la ley de reforma de la LO 4/2000, un argumento que sirvió para justificarla:
“Señorías, el ofrecer un permiso de residencia a todos aquellos que lleven residiendo en nuestro país dos años —cuestión que ningún país de la Unión Europea avala—, a nuestro juicio supone un clarísimo efecto de llamada que además conlleva la ilegalidad y también la marginalidad, (…). Para nosotros una persona que quiera residir en nuestro país lo debe hacer con una autorización para trabajar, lo debe hacer por una reagrupación familiar, lo debe hacer con criterios de flexibilidad y también lo debe hacer en caso de que concurran circunstancias humanitarias excepcionales y, por primera vez en un texto legal, con circunstancias de arraigo.”[72]
Para el Partido Popular la «irregularidad», la «ilegalidad» —configurada como sinónimo de falta de permiso de residencia— es consecuencia, por un lado, de la perversidad de una norma que hace que se cree la esperanza en los extranjeros de que si entran de forma «irregular» terminarán siendo «regularizados»; y, por otro lado, de la perversidad de unas organizaciones ilícitas que trafican con las esperanzas de los deseosos por alcanzar las costas europeas y que introducen a los inmigrantes en un proceso irremediable que lleva de la «irregularidad» hasta la delincuencia. Para el Partido Popular el argumento de que la «irregularidad» es causada por el mal funcionamiento de una administración que no es capaz de reconocer y regularizar la estancia de los extranjeros «sin papeles» no tiene lugar: se deja muy claro que la «irregularidad» no se elimina concediendo con más diligencia los permisos de residencia:
“Hay una referencia al presidente del Gobierno con la cual ha manifestado su conformidad: que fuera de la legalidad sólo hay marginación. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso, pero tengo que manifestar alguna discrepancia con la consecuencia que extrae la señora Uría de su afirmación. Si fuera de la legalidad sólo hay marginación, ampliemos las posibilidades de legalización.”[73]
“A nosotros nos decían una fórmula genial, que verdaderamente formaría parte de los estudios políticos. Nos decían: «como hay ilegales, problema resuelto: todos los ilegales los convierte usted en legales». ¿Y si a los seis meses pasa lo mismo? Pues a los seis meses, otra vez: todos los ilegales, en legales. ¿Y si pasan otros seis meses y lo mismo? Haga usted lo mismo: todos los ilegales, a legales. ¿Y así toda la vida? Sí. Pues eso se llama estimular, incentivar, instar y basar una política de inmigración sobre la inmigración ilegal (…).”[74]
El «efecto llamada» tuvo una corta vida. Sin embargo, nacido como argumento para evidenciar la perversidad de la LO 4/2000, terminó sobreviviéndole. Hasta mucho después de aprobada la reforma de aquella ley los problemas que se provocaron por el incremento de la llegada de «pateras»[75] a las costas españolas se siguieron explicando atendiendo a “las consecuencias de la anterior ley”. El señor Fernández-Miranda argumentaba el recurso a esta explicación diciendo que “abrir la puerta de una ley que creó el desbarajuste no puede compensarse ni siquiera con una buena ley como la que ahora tenemos, que carece del efecto varita mágica que al parecer nos piden.”[76]
El problema del recurso al argumento del «efecto llamada» es que éste nunca se demostró. Se atendía a una especie de razonamiento formal por el cual se identificaba una supuesta permisividad de la ley en el trato de la inmigración «irregular» con el consiguiente incremento de ésta. Pero, al referirse a un objeto de estudio difícilmente cuantificable como es la inmigración «irregular», este pseudo-razonamiento formal era difícilmente verificable. Que la formulación de este principio del «efecto llamada» pudiera ser correcta, no implicaba que se adecuara a la realidad. A pesar de ello, o quizá por ello, a su alrededor se erigieron toda clase de elucubraciones.
Para los grupos de la Oposición estaba claro que el «efecto llamada» no existía o, si existía, no era causa de la LO 4/2000. Para demostrarlo se recurría igualmente a razonamientos formales que identificaban un incremento de los niveles de pobreza en el llamado Tercer Mundo con un incremento de la «presión migratoria» hacia el Mundo Rico:
“(…) no ha habido ningún efecto llamada. Lo que ocurre es que la gente ha continuado abandonando, quizá más que en otros años, sus países en función de la degradación económica, social y bélica de cada uno de estos países. Nada más que eso, así de simple. Estos son datos empíricos con los cuales se debe trabajar, no con efectos llamada que no tienen ningún valor desde el punto de vista de lo que está ocurriendo.”[77]
Este tipo de razonamiento, que he calificado de formal por carecer de una comprobación empírica[78], se repite constantemente desde, sobre todo, Izquierda Unida. Constituye por sí mismo un resumen de las actitudes que desde esas voces se tienen acerca del fenómeno de la inmigración: la inmigración es una consecuencia más de las desigualdades mundiales entre ricos y pobres; por lo tanto, para enfrentarse a ese fenómeno habrá que enfrentarse a la raíces profundas de la desigualdad económica. En el capítulo dedicado a inmigración y economía haré un repaso a estos temas.
Normalmente, el mejor método para rebatir un principio formal como el del «efecto llamada» es confrontarlo con la realidad. Pero, como se ha dicho, tratándose la inmigración «irregular» de un objeto de estudio difícilmente cuantificable —puesto que las cantidades eran el centro del problema—, utilizar este método suponía esperar del receptor del mensaje un grado suficiente de fe. Sin embargo, algún diputado de la Oposición optó por manejar una serie de cifras que supuestamente evidenciarían que el «efecto llamada» no existe:
“Ayer mismo entraban en España 300 inmigrantes que fueron retenidos y otros 500 ó 600 a los que no se pudo retener. Por tanto, no había efecto llamada en la anterior ley. No era verdad.”[79]
De esta forma, cuando se pretende objetivar cuantitativamente algo difícilmente cuantificable y que no ha sido estudiado sistemáticamente, se corre el riesgo de que a unas cifras se responda, desde el Gobierno, con otras, y se llega a una situación en la que es difícil saber a qué atenerse:
“(…), cuando teníamos en vigor la ley de 1985, llegaron a la Península y a Canarias en pateras 3.000 personas, a lo largo del año 2000, en que estuvo en vigor la ley 4/2000, llegaron tanto a la Península como a las islas Canarias 15.000 personas, de 3.000 a más de 15.000. Y así como en el año 1999 llegaron a Fuerteventura, que tanto le preocupa, 657 personas, a finales del año 2000, estando en vigor la ley 4/2000, llegaron 1.858. Por tanto vamos a hablar de efecto llamada y vamos a llevarlo a sus justos términos.”[80]
Finalmente, cuando no se puede echar mano a lo que ofrecen los datos empíricos, el mejor modo de rebatir un principio formal, o que se pretende formal, es recurrir al sentido común. Por esto también optaron algunos parlamentarios para intentar demostrar que el recurso al «efecto llamada» para desprestigiar la validez de la LO 4/2000 suponía un sinsentido:
“Eso de que el efecto llamada es el causante de que en estos momentos tengamos esos problemas a través del sur de la costa peninsular o a través de los cientos de pateras que han llegado a Canarias a lo largo de estos últimos meses racionalmente no se lo cree nadie, ¿o alguien cree que desde el interior de los países del África más cercana se produce un movimiento de esos ciudadanos para venir a España porque tengan derecho a reunirse, a manifestarse o a poder estudiar una carrera superior? ¿Alguien se cree que en estos momentos, predominando la incultura en todos esos países donde la mayor parte de los ciudadanos no sabe ni siquiera leer, sea una ley la causante de que se produzca esa avalancha de ciudadanos que quieren entrar por nuestras costas? Eso no se lo cree nadie y de ello se ha hecho un uso partidista e irresponsable, un uso que probablemente ha producido una fractura en la sociedad y en los partidos políticos que hace difícil encontrar el punto de equilibrio, ese consenso necesario.”[81]
“Pongan esta ley de extranjería [la LO 4/2000, la supuesta causante del «efecto llamada»] en Albania y ya verán ustedes cuántos van.”[82]
“Nosotros no compartimos lo que ustedes llaman efecto llamada, (…). Los inmigrantes de Ghana, señor ministro, no leen el Boletín Oficial del Estado, no lo leen; los inmigrantes de Ghana vienen empujados por el hambre, la necesidad y la desesperación.”[83]
A la perversidad del «efecto llamada», a las malas consecuencias que podía acarrear llevar a la práctica una política como la instituida a partir de la promulgación de la LO 4/2000, se respondía con otro principio, el de «control de flujos migratorios». «Canalización», «gestión» o «control» de «flujos migratorios» era la respuesta, era la base de la política migratoria que debía seguir el Gobierno español para encauzar bien la llegada de los inmigrantes a España, para que ésta se hiciera por vías legales: el visado, el permiso de trabajo, la reagrupación familiar… Como explica Carles Campuzano, se trataba de:
“(…) que seamos capaces de que el cupo, el contingente, funcione, que tengamos los instrumentos que nos permitan detectar las demandas laborales que existen en los sectores productivos aquejados de esa falta de demandas. Que seamos capaces también de gestionar de manera diligente todo el proceso de concesión de visados, de concesión del permiso de residencia, de concesión del permiso de trabajo. Que seamos capaces de dotar a los órganos consulares españoles en el exterior de los medios suficientes para incidir en esta cuestión. Que seamos capaces también de dar capacidad de intervención real a los gobiernos autonómicos en la gestión del flujo migratorio y muy especialmente en el terreno del ámbito laboral; gestión del flujo migratorio racional e inteligente.”[84]
Para erigir este principio en principio rector de la política de inmigración del Gobierno se opta por introducir otra herramienta de gestión, la de regularización desde los países de origen. Se pretende que los inmigrantes que quieran llegar a España lo hagan con un permiso de trabajo expedido en sus países de origen por los Consulados y Embajadas españoles. Para ello se introduce otra herramienta: los «cupos» o «contingentes», consistentes en que cada año el Gobierno español hará pública una relación del número de inmigrantes que necesita el mercado laboral español atendiendo a las sugerencias de empresarios, sindicatos y Comunidades Autónomas. Expedida una oferta de trabajo tal, las personas que quieran marchar a España deberán hacerlo atendiendo a este número fijado o con una oferta de trabajo bajo el brazo: vendrán sólo las que se necesiten. En pos de la agilización de este proceso se establecerán convenios con algunos de los países origen de las migraciones, con los más importantes «emisores». Se decidió que esos países eran Marruecos, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Rumania y Polonia.[85] De esta forma la «canalización» de la inmigración se convierte en una política indisolublemente ligada al estado del mercado laboral en España, sobre lo cual ahondaremos en un capítulo posterior.
Todos los grupos parlamentarios se mostraban de acuerdo a la hora de establecer que la política de inmigración debía mostrar una gran atención a la cuestión del «control de flujos». Los grupos diferían en cuanto a la importancia que concedían a este principio en el contexto de la política de inmigración. Para el Partido Popular el «control de flujos» se configuraba como el principio rector a partir del cual se desarrollarían los demás aspectos de la política de inmigración[86]. Para el Partido Popular este principio se traduciría en la «regularización» de la inmigración: sólo podrían entrar en España aquellos inmigrantes que tuvieran sus papeles en regla, el resto no podría entrar y los que ya estuvieran en el país serían expulsados. Por lo tanto el «control de flujos» llevaría a la «regularidad» en la inmigración. La «regularidad» equivalía a estar en posesión de un permiso de trabajo, a tener derechos equiparables en algunos casos a los de los españoles, y por lo tanto a la integración. En cambio la «irregularidad» equivalía a ilegalidad, marginación y delincuencia:
“(…) justamente para que no se produzcan estas situaciones de explotación de inmigrantes ilegales, una situación de descontrol, es por lo que hay que ordenar los flujos migratorios. Lo que no podemos hacer, si queremos integrar a los inmigrantes, reconocerles sus derechos hacerles partícipes de los beneficios de una sociedad próspera, gozar de las mismas posibilidades que tienen los españoles, es tener totalmente descontrolados los flujos migratorios, o es no distinguir entre los inmigrantes legales o ilegales, o es facilitar las cosas a aquellas organizaciones mafiosas, porque no tienen otro nombre, que se dedican a la explotación criminal de inmigrantes. (…) nadie con sentido común puede plantear una política que consista en no hacer nada o no ordenar esos flujos migratorios, porque es lo peor que podríamos hacer por los inmigrantes y lo peor que podríamos hacer por una sociedad tolerante y con capacidad de integración y reconocimiento de derechos de los inmigrantes.”[87]
“(…), pero el problema de inmigración, que es un problema que tendrá España para mucho tiempo, por una razón que nos tenemos que acostumbrar a él, lo tenemos que tratar desde el ámbito de la legalidad. Solamente desde la legalidad y solamente con el ámbito de legalidad podemos hacer lo que queremos hacer, que es que venga más gente y que todos los que vengan legalmente tengan los mismos derechos de los españoles, que eso es lo que quiere esta Ley que hemos puesto en marcha. Eso es lo que quiere esta Ley; lo que no quería la otra, lo que quiere ésta.”[88]
Para otros grupos parlamentarios, la cuestión del «control de flujos» suponía, igualmente, un aspecto importante. A este respecto cabe señalar los puntos en común que tenía el Partido Socialista con el PP. Para este grupo, la cuestión del «control de flujos» también suponía una herramienta esencial de la política migratoria. Así lo apuntaba Consuelo Rumí:
“Una inmigración ordenada en sus flujos, adecuadamente canalizada a través del establecimiento de contingentes ajustados a las necesidades de nuestro mercado de trabajo, no representa tan sólo un elemento imprescindible para cualquier política migratoria sino que, además, constituye la mejor defensa posible para los propios inmigrantes cuyas entradas legales les impedirán caer atrapados en las redes ilegales y mafiosas que se aprovechan del afán de tantos para acceder a una vida mejor para lucrarse mediante el chantaje y la intimidación. El voluntarismo desregulador, el radical empeño por la desaparición de controles, pueden constituir un entretenimiento de los bienpensantes, pero no se corresponde en absoluto con las necesidades de nuestra sociedad, no representa a posiciones avanzadas y responsables y, lo que es más grave, resultan planteamientos hasta reaccionarios desde la perspectiva de los intereses de los propios inmigrantes.”[89]
Pero, sin embargo, también se pensaba —y en ello coincidía con otros partidos de la Oposición— que no iba, ni mucho menos, a dar respuesta a todas las cuestiones que planteaba el fenómeno de la inmigración. Se planteaba, en principio, la cuestión de que «el control de flujos» podía no implicar directamente una mejor integración de los inmigrantes, sino que era necesario poner en marcha políticas paralelas que favorecieran la integración:
“Nos parece que en esta legislatura el discurso público, la atención del Gobierno en materia de inmigración, enlazando con lo que fueron los desafortunados debates de finales de la pasada legislatura, se está centrando exclusivamente en los aspectos del control del flujo migratorio. No entender que la orientación del control del flujo migratorio es facilitar la integración social de la inmigración, es errar la política que a medio plazo le conviene a España en esta materia.”[90]
“Es necesario adecuar una correcta canalización de controles fronterizos, ya que son imprescindibles para una óptima política de inmigración, porque si no los grandes perjudicados son los propios emigrantes que, con facilidad, serán explotados por las redes ilegales de este tráfico humano. Es necesario garantizar el control de flujo y hacer un máximo esfuerzo para conseguir una continua y permanente política de integración social que asegure una convivencia que genere riqueza cultural y riqueza económica.”[91]
“La respuesta solo puede venir en forma de integración, lo que significa que a la necesidad de canalizar ordenadamente la entrada de extranjeros en el país, se añada el desarrollo de un abanico de políticas activas en distintos ámbitos, desde el educativo al del alojamiento, para promover que quien cruce nuestras fronteras para instalarse entre nosotros, pueda acceder a las oportunidades que ofrece nuestro desarrollo, sin verse condenado al gueto, a permanecer extramuros de una sociedad a la que aporta su trabajo pero que le niega la posibilidad de compartir equitativamente los resultados del esfuerzo colectivo.”[92]
Por otro lado, esta cuestión se contemplaba desde la evidencia de la presencia de inmigrantes «irregulares» en España. Su presencia no podía ser obviada y, evidentemente, una política de inmigración basada en el principio de «control de flujos» en nada iba a hacer que la situación de los «irregulares» mejorara. Más bien, si no se llevaban a cabo políticas favorables a su «regularización» e integración, éstos se verían abocados al trabajo en la economía sumergida, la explotación, cuando no a la marginalidad y la delincuencia. Por lo tanto, era necesario mantener un sistema de «regularización permanente»:
“Situaciones de irregularidad van a existir siempre, sobre todo en la medida en que no se regule adecuadamente el contingente, y eso obliga a una regularización permanente; es una cura de realismo, cosa en la que han entrado los países europeos y que evita unas bolsas de ilegalidad constantes, con todo tipo de problemas, e ir a amnistías o a regularizaciones periódicas obligadas.”[93]
Evidentemente, atendiendo al principio del «efecto llamada», desde el Partido Popular, se rechazaban ese tipo de consideraciones suponiéndolas incentivadoras de la entrada «ilegal» en el país: mal podían ese tipo de medidas beneficiar a una política basada en el principio rector del «control de flujos», más aún cuando este control suponía una herramienta clave para, además de todo lo señalado, preservar la seguridad de la población española, pues “es un derecho de cada país proteger a su ciudadanía regulando el flujo de entradas de extranjeros al mismo.”[94]
4. Seguridad e Inmigración
“Por último, respecto a la coordinación, yo puedo asegurarle que al menos
en los grandes temas, que son fundamentalmente terrorismo e inmigración,
la coordinación entre la Policía y la Guardia Civil está a unos niveles
muy importantes, teniendo en cuenta las dificultades de estos temas.”[95]
“(…), ningún emigrante es ilegal. En todo caso, está en una condición irregular,
pero no es un criminal en potencia sino una persona sin papeles.”[96]
“(…) porque una democracia debe de avergonzarse de tener en su seno
territorial gente sin papeles y que se les pueda considerar, no siéndolo, delincuentes.”[97]
A lo largo de todo el periodo de politización del fenómeno de la inmigración se asiste a la configuración de dos tipos de inmigrantes: el «irregular» y el «regular», que automáticamente se identifican con el «ilegal» y el «legal». De ahí se pasa a configurar al primero como un tipo de inmigrante más propenso a la delincuencia: su situación de «irregularidad», su falta de permiso de residencia, de trabajo, su falta de derechos, lo convierten para la administración en un marginado. Se contempla como un tipo de inmigrante abocado al trabajo en la economía sumergida, abocado a la explotación laboral, cuando tiene trabajo; abocado a la delincuencia cuando carece de él. Su presencia se termina contemplando como el producto de la actividad ilícita de una serie de redes mafiosas que se lucran gracias la introducción de esos inmigrantes en España. Finalmente, el inmigrante «irregular» se contempla como una presencia amenazante, símbolo de delincuencia, símbolo de la actividad mafiosa. De este modo, se conforma, por un lado, el inmigrante malo, y, por otro, el inmigrante bueno: aquel que tiene regularizada su situación, trabaja con permiso, cotiza a la Seguridad Social y se integra.
Causa o consecuencia de este tipo de configuración de dos tipos de inmigrantes es la primacía que dio el Gobierno al Ministerio del Interior sobre la ejecución de las políticas de inmigración, subordinando, a este respecto, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, tradicionalmente encargado del tema. Siendo el «control de flujos» el principio base para la política de inmigración que propugnaba el Gobierno era lógico que se designara a la policía como la encargada de «controlar».
La mencionada configuración de dos tipos de inmigrantes se puede considerar como la cima de un proceso ascendente por el cual la inmigración «irregular», de ser un peligro por impedir la buena gestión de fenómeno migratorio por vías legales, por suponer un «descontrol» para la administración, pasa a constituir una amenaza para la seguridad nacional. Este proceso ascendente —más bien descendente, por cuanto a la dignidad de los inmigrantes se refiere—, en el discurso del Partido Popular, no constituye un proceso de evolución del pensamiento en el tiempo, sino que, más bien, resulta un proceso de identificación casi automática entre inmigración «irregular» y delincuencia. Un buen ejemplo de ello supone este fragmento:
“Nosotros creemos que los que se han esforzado en tener sus papeles en regla, los que llegan a nuestro país con unos permisos de residencia adecuados o los que consiguen sus papeles —como se dice en el argot habitual— deben tener más derechos que los que no tienen ninguna intención a ese respecto, o bien no han podido o no han querido conseguir sus papeles ni tener situación en regla. (…) Porque si no, usted estaría mezclando a todos aquellos que se esfuerzan por venir a España con sus papeles en regla con los que negocian con armas, con los que negocian con trata de blancas, con los que negocian con cualquier transporte ilegal o con cualquier situación ilegal. Todos los extranjeros son iguales, y en eso es en lo que nosotros no estamos de acuerdo, (…)”[98].
No todos los extranjeros son iguales, hay unos buenos y otros malos para nuestros intereses[99] socio-económicos y de seguridad. Tratar de decir que todos son iguales, o que todos, en tanto personas, tienen los mismos derechos es un tremendo error por cuanto, entonces, se estarían dando derechos a los que “negocian con trata de blancas”, con armas, etc. De tal forma se pasa, sin término medio, sin matizaciones, sin evolución argumentativa identificable, y como si de la misma cuestión se tratara, de hablar de la necesidad de diferenciar en reconocimiento de derechos entre «regulares» e «irregulares» a hablar de diferenciar entre «regulares» y delincuentes.
Partiendo de la consideración de un fragmento como el trascrito no caben extrañezas a la hora de enfrentarse a debates como los abiertos a principios del año 2002 acerca del aumento de la inseguridad ciudadana como consecuencia del aumento de la inmigración «irregular». Para destacados miembros del Gobierno del Partido Popular, la relación de causa-efecto entre inmigración «irregular» y delincuencia está clara[100], como se encarga de explicar el presidente del Gobierno:
“El problema, pues, está en la ilegalidad porque son las bandas mafiosas y de delincuentes las que se aprovechan de la ilegalidad para beneficiarse del tráfico de personas. Es impensable que una persona pueda atravesar continentes enteros para emigrar a una nación europea si no existe una red de traficantes que lo facilite.
(…) Pues es cierto que el 89 por ciento de las personas que han ingresado en prisión en los tres primeros meses de 20002 eran extranjeros. Lo que pasa es que los procedimientos de expulsión que tenemos no son suficientemente rápidos. Además de resolver el trámite parlamentario para que podamos legalmente acelerar la expulsión de delincuentes extranjeros, el Gobierno está estudiando si procede realizar reformas en la ley de Extranjería. Creo que en el futuro será necesario una nueva ley sobre inmigración.”[101]
Se habla de la delincuencia protagonizada por inmigrantes relacionándola con, por un lado, la acción de las organizaciones mafiosas, organizaciones que gozan de una especie de omnipresencia a la cual los inmigrantes «irregulares» son incapaces de sustraerse, y, por otro, con la marginación que sufre este sector de la inmigración[102]. Esto supone un ejercicio claro de estereotipación del inmigrante como delincuente; ya que, al no determinar las causas de la delincuencia, al perseguir al delincuente sin luchar contra las causas primeras de su actitud delictiva, se llega a considerar la delincuencia como parte consustancial al estado de inmigrante «irregular» —que a veces se extiende al colectivo inmigrante en su totalidad—: son irregulares, están al margen de la ley, luego son delincuentes, éste es el razonamiento. Pero se cuida mucho de preguntar por qué están marginados, por qué son irregulares. La delincuencia, así, no se contempla como un hecho susceptible de tener unas causas sociales que pueden combatirse y pasa a ser, como digo, consustancial al estado de inmigrante «irregular». Seguidamente el inmigrante irregular se contempla como el causante de la inseguridad ciudadana. Se conforma, de esta manera, un nuevo chivo expiatorio: el aumento de la inmigración irregular es la causa del aumento de la inseguridad ciudadana; los razonamientos no van más allá: la culpa se echa sobre los hombros de las víctimas de la marginación social.
El paso siguiente sería argumentar que, de no existir esa inmigración, no existiría inseguridad ciudadana. Por ello se pretenden agilizar los procesos de expulsión de los inmigrantes «irregulares», cambiando la ley si ello es preciso. Pero se pretende aplicar esta agilización de los procesos de expulsión a todos los «irregulares», no sólo a los implicados con la delincuencia. Al fin y al cabo, como hemos visto, la «irregularidad» y la delincuencia son indisolubles. Lo que es indiscutible, desde este punto de vista, es que la expulsión de aquellos inmigrantes involucrados en actos delictivos supone una medida necesaria para combatir la delincuencia, las trabas que impone la legislación y los procesos judiciales son perjudiciales para esta labor:
“Donde las hay mayores [dificultades] es cuando pretendemos expulsar a personas que están inmersas en procesos penales. En este caso las dificultades son mucho mayores porque la Policía detiene a la persona de que se trate, la pone a disposición judicial, solicita la expulsión de España de la misma por dos razones: por su situación de ilegalidad y por haber cometido un delito, pero en muchas ocasiones el juez no lo autoriza. (…) Esto, como ustedes pueden entender, plantea dificultades importantes a la Policía, que se encuentra en muchas ocasiones con que detiene a personas una, dos, veinte veces, incluso hasta cien (hay casos de más de cien detenciones en un año), y no se le aplica nunca la prisión provisional, con lo cual está en la calle, pero tampoco se la puede expulsar de España porque está pendiente de que se la juzgue.”[103]
Ya hemos visto que, estando los inmigrantes «irregulares» sujetos a un estado de excepción permanente, difuminándose para ellos el estado de derecho, las garantías procesales si no son prescindibles, sí deberían, al menos, ser más «ágiles». La filosofía democrática de la prisión como modo de reinserción social desaparece de estos planteamientos, al fin y al cabo estos delincuentes no forman parte de la sociedad.
Desde los grupos de la Oposición este tema de la inmigración «irregular» identificada con delincuencia se trató siempre de rechazar, aún, a veces, de forma un tanto equívoca. Para los demás grupos políticos hacer ese tipo de identificaciones suponía «mandar un mensaje» a la población que podía aumentar los índices de rechazo hacia la inmigración en su totalidad, que podía aumentar la xenofobia. Por ello, era necesario evitar esa peligrosa tendencia:
“Se ha identificado de manera cuasi unilateral inmigración-delincuencia.(…). Pero hay un mensaje de que aumenta la delincuencia porque crece la inmigración. Es un discurso causa-efecto peligrosísimo. (…) El Ministerio del Interior ha hecho públicos los datos sobre delincuencia e inmigración, con una dosis maquiavélica de asociación de estos conceptos.”[104]
Desde algunas posiciones el análisis acerca de la marginación de los inmigrantes «irregulares» se llevaba hasta el final, llegando a llamar la atención sobre el peligro que suponía para la estabilidad social mantener a un amplio grupo de personas marginadas socialmente. Desde estas posiciones la delincuencia no suponía una actividad asociada al estado de «irregular», sino una consecuencia clara de una política que abogaba por su marginación, por lo tanto, si el Gobierno no creía conveniente reconocer sus derechos o facilitar su «regularización», al menos era necesario instituir una serie de programas de actuación para evitar su exclusión social:
“El objetivo que persiguen dichos programas es, mientras se adopten las decisiones sobre su situación, evitar la exclusión social de dichas personas cuando permanezcan en España, evitar situaciones de indignidad y pobreza que conllevan como única alternativa de supervivencia la fácil captación de estas personas por las mafias organizadas de prostitución, tráfico de drogas, economía sumergida, etcétera.”[105]
Para Diego López Garrido, el problema es, claramente, el mantener sistemas de «regularización» tan estrictos que impidan la existencia de formas de superar la «irregularidad», manteniendo a los inmigrantes sin papeles abocados a la marginación, con la expulsión como única salida, y, además aumentando su número:
“Los inmigrantes irregulares no son criminales, son gente que se mueve para poder trabajar, para poder sobrevivir, y la inmigración irregular —que se supone que es un cuarto, aproximadamente, de la hoy existente en Europa— seguirá existiendo. Es un elemento estructural que habrá que intentar canalizar legalmente, pero seguirá existiendo y, por tanto, las políticas de cierre absoluto o de pura represión en Europa no han llevado a detener la inmigración irregular. A lo que han llevado es a subirla en cantidad, pero en absoluto a detenerla.”[106]
Para Izquierda Unida, la solución estaba clara: para evitar situaciones de marginación social, de exclusión, que pudieran llevar a la delincuencia, habría que «regularizar» a todos los inmigrantes sin papeles:
“(…) porque de la regularización de todos esos inmigrantes lo único que va a salir para el Estado de derecho es más seguridad jurídica y más seguridad ciudadana, porque muchos de ellos, al no estar abocados a la explotación, no lo estarán al delito o a situaciones que crea la marginalidad.”[107]
Estas últimas posturas preventivas expuestas por algunos miembros de los grupos de la Oposición, se expusieron antes del 20 de febrero de 2002, cuando el tema del aumento de la inseguridad ciudadana llegó al Congreso, introducida por el PSOE como argumento para criticar la labor gubernamental. A las preguntas del grupo socialista sobre el aumento de la inseguridad, el presidente del Gobierno relacionó este aumento con el aumento de la población en el Estado.[108] Evidentemente, se refería al aumento poblacional provocado por la inmigración, lo cual sacaba a la palestra de nuevo la identificación entre inmigración y delincuencia. Ya antes se había hablado en el Congreso de las relaciones entre delincuencia e inmigración, pero en esta ocasión, la forma en que el PSOE presionó para continuar recriminando al Gobierno su actuación en materia de seguridad, hizo que el tema se situara en el centro del debate parlamentario y mediático. A esto hay que unir los acontecimientos en Francia, donde el debate político durante la campaña electoral de ese año había estado muy centrado en este tema, y donde la ultraderecha cosechó sus mejores resultados de la historia, pasando a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Para el Gobierno español, el éxito de la ultraderecha francesa era consecuencia de una mala política de inmigración llevada a cabo por el Gobierno de Jospin, la cual había provocado que aumentaran los niveles de inseguridad ciudadana.[109]
Ante una situación como ésta, la postura del principal grupo de la Oposición, el PSOE, fue un tanto equívoca, por cuanto, a la vez que recriminaba al Gobierno manifestar un discurso que podía avivar la xenofobia, mantenía, extrañamente, la postura de que era responsabilidad del Gobierno haber creado la situación de inseguridad ciudadana por no acabar con la inmigración «irregular». Así, José Blanco (secretario de organización del PSOE), afirmó, que “la responsabilidad es del Gobierno del señor Aznar tanto en el incremento de la delincuencia, que va en aumento a pesar de que quiera decir lo contrario, y también es su responsabilidad la permanencia de la inmigración ilegal.”[110]
Uno de los principales deberes del Gobierno es preservar la seguridad de la ciudadanía. Preservar la paz y la seguridad del Estado, proteger a la ciudadanía, es una de las principales razones por las que el mantenimiento de una estructura gubernamental se legitima. Tomar como bandera política el hacer hincapié en la inseguridad ciudadana equivale a deslegitimar a un gobierno, ya que no está realizando aquello por lo que se le necesita, aquello por lo que existe. Al contrario, subrayar la gran capacidad del gobierno para preservar la seguridad ciudadana, hacer hincapié en los éxitos de la política de seguridad llevada a cabo por él, equivale a aumentar su grado de legitimidad. Ambas posturas constituyen conocidos ejercicios de propaganda. En el caso que estudiamos, ante la aparición de datos que confirman el aumento de los niveles de inseguridad en el Estado, la postura del PSOE se ha dirigido, en ese sentido señalado de deslegitimar al Gobierno, mientras, éste, ha considerado utilizar la cuestión para, a su vez, legitimar su política de inmigración: el partido que apoya al Gobierno y éste mismo han utilizado los datos poco favorables a su imagen para, siguiendo una rentable estrategia —y conocida también: el «ilegal» como chivo expiatorio—, legitimar sus posturas ante la inmigración. Es una estrategia que, como veremos más adelante, ya fue utilizada durante los meses previos a las elecciones generales de marzo de 2000, con el resultado conocido. Ni entonces, ni en el caso que nos ocupa, el Partido Socialista, tampoco los demás grupos de la Oposición, supieron cómo contrarrestar ese movimiento estratégico del Partido Popular. Como hemos visto, destacados miembros del PSOE, ante ese giro discursivo del Partido Popular que relacionaba inseguridad con política de inmigración, respondieron, a su vez, instando al Gobierno a que solucionara la “permanencia de la inmigración ilegal”, evitando de este modo discutir la cuestión central, la vinculación entre inmigración «ilegal» y delincuencia, y, en cierto modo, asumiendo en su discurso esa vinculación. De este modo, el debate acerca de la inseguridad es dirigido hacia un debate acerca de la política de inmigración, se empieza hablando de un fenómeno que afecta al seno de la sociedad española y se termina por vincular ese fenómeno a «determinados agentes exteriores», se crea la imagen de una sociedad española esencialmente segura que se encuentra amenazada por la inmigración. Con todo ello, un fenómeno, como es la delincuencia, cuyo origen se encuentra en la manera en la que el sistema social se constituye, incorporando a unas personas, marginando a otras, que evidencia la fragilidad de éste y lo pone en duda, termina reforzándolo y apuntalando la creencia en la necesidad de marginar a aquellos «agentes» que ponen en peligro la estabilidad. El sistema se justifica: crea sus marginados y argumenta la necesidad de marginarlos.
5. Inmigración, economía y mercado laboral
“Existen encuestas previas a la llegada de los inmigrantes sobre ciertas predilecciones que puede tener nuestro pueblo hacia sectores determinados de inmigración de diferentes países. Yo no sé si esas encuestas han sido valoradas y orientadas desde el punto de vista de los convenios que se hayan podido desarrollar. Tampoco sé, y por eso lo pregunto, si se ha hecho un seguimiento de los rendimientos que tiene este personal trabajador dependiendo del país de origen y del sector donde se desarrolle.”[111]
“Queríamos mano de obra, pero llegaron personas.”[112]
Como ya apuntábamos en el capítulo 3, el situar el «control de flujos» como principio básico de la política de inmigración, suponía, para el Partido Popular, además de una forma de proteger a la sociedad española de las perversidades de la inmigración «ilegal», un medio para que, además, la llegada de inmigrantes pudiera adecuarse a las necesidades del mercado laboral español. Debían introducirse en la política de inmigración los instrumentos que permitieran esa adecuación: establecimiento de «cupos» o «contingentes» anuales, convenios con los países de origen, prioridad a la contratación de trabajadores desde sus respectivos países de origen. Todo ello debido a que, si por un lado, la inmigración podía convertirse en un peligro social si ésta no se «encauzaba» bien, podía, al contrario, si se hacía correctamente, dar respuesta a los problemas de índole económica que la sociedad española empezaba a enfrentar. El presidente del Gobierno, José María Aznar, explicitaba su visión de lo que la sociedad española esperaba de la inmigración cuando decía que “España necesita inmigrantes, necesitamos inmigrantes, gentes que vengan a estar, a vivir, a colaborar y a trabajar con nosotros”[113].
Si España necesitaba inmigrantes los necesitaba, sobre todo, por cuestiones económicas. Por un lado, el grado de envejecimiento de la sociedad española hacía peligrar el sistema público de pensiones y de Seguridad Social; por otro, amplios sectores económicos de la sociedad española necesitaban grandes cantidades de mano de obra sin cualificar y de bajo coste para trabajos muy duros que iban siendo cada vez más rechazados por la población autóctona, a pesar de que sufría altos índices de paro. A estos problemas, la inmigración respondía rejuveneciendo la población, aumentando las recaudaciones del estado por conceptos de, por ejemplo, cotizaciones a la Seguridad Social y por IRPF; y, finalmente, haciendo productivos sectores económicos que, de no ser por la llegada de inmigrantes, seguramente ni existirían.
Siendo la inmigración necesaria principalmente por razones económicas será necesario regularla atendiendo a estas razones. Es algo en lo que todos los grupos políticos están de acuerdo, unos haciendo más hincapié en ello que otros, pero que todos consideran como un factor de suma importancia. Se podría establecer una gradación entre los grupos políticos atendiendo a la importancia que conceden a las razones económicas como factor de necesidad para recibir inmigrantes. Esta gradación empezaría con los grupos más abiertamente liberales —en su concepción de la economía—, que darían más importancia a este factor —o incluso lo considerarían el único a tener en cuenta—, Partido Popular, CiU, Coalición Canaria; pasaría por el PSOE; y terminaría con el PNV y aquellos grupos como Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, BNG, que, aun teniendo en cuenta ese factor, lo consideran de menor importancia comparándolo con factores que podríamos llamar de tipo solidario.
Para el primer grupo de partidos la inmigración debe aceptarse en tanto responde a las necesidades económicas del país. De tal forma que los inmigrantes que quieran llegar a España lo deben hacer atendiendo a esas necesidades económicas: deben venir con un contrato de trabajo, con una oferta, atendiendo al «contingente» establecido por el Gobierno, o acreditando que su situación personal no va a depender del estado del mercado laboral español: que vienen a trabajar por cuenta propia o que tienen medios económicos suficientes para vivir en España sin trabajar. Se dejan abiertas puertas para la entrada en el país apelando también al concepto de integración: puesto que van a venir a quedarse, es necesario darles estabilidad social: un factor clave de estabilidad social, además del trabajo, es la familia: se deja abierta la posibilidad de la reagrupación familiar.[114]
La adecuación de la llegada de inmigrantes al mercado laboral español se plantea como una cuestión clave: es imposible que los inmigrantes encuentren trabajo si el mercado laboral no se lo ofrece. Pero este mercado laboral no se plantea como un mercado libre de competencia en el que la oferta y la demanda rigen su dinámica, sino que es un mercado restringido que, para estos grupos parlamentarios, debe seguir la política de «los españoles primero». Es decir, la llegada de inmigrantes se adecuará al mercado de trabajo, sí, pero siempre y cuando no se encuentren españoles parados en los sectores que demanden mano de obra; en tal caso los españoles tendrán preferencia en el acceso a esos trabajos. En este caso, el mercado laboral deja de regirse por los parámetros que, precisamente, esos grupos parlamentarios defienden, es decir, los parámetros de la economía liberal de mercado, y pasa a conformar un mercado protegido. O quizá, más bien, habría que pensar que, de esta forma, se instituyen dos mercados de trabajo, uno protegido para los españoles y otro para los inmigrantes, dentro de los cuales sí rigen los principios liberales de mercado. Esta tendencia a proteger la primacía de los españoles en el acceso al mercado de trabajo llega, en algunos casos a plantear cuestiones tales como la necesidad de tener igualmente en cuenta a los españoles que residen en el extranjero:
“Si queremos buscar una solución equilibrada, tenemos que tener en cuenta que en España hay todavía 1.400.000 parados; o que el Estado español tiene más de 2.000.000 de emigrantes que viven en otros países, en algunos de ellos con el deseo de volver a España porque viven en una situación difícil, complicada, como la de todos los emigrantes que tenemos en Cuba o en Venezuela en estos momentos. Y también existen en el Estado español centenares de miles de pobres que aspiran a progresar, a vivir mejor.”[115]
De esta forma, conviven dentro de las mismas concepciones políticas una visión proteccionista del mercado laboral, en lo que se refiere a la primacía de los españoles sobre éste, con una visión liberal en lo que se refiere a la libre concurrencia de los inmigrantes a los trabajos no deseados por los españoles. En todo caso, se debe llevar a cabo una política que satisfaga las necesidades de los empresarios españoles, pero sin poner en peligro los votos de los trabajadores autóctonos. En esta dinámica Coalición Canaria llega al paroxismo. Para los miembros de este grupo político, aparte de que la primacía de los trabajadores españoles es indiscutible —algo que, por otra parte, es común a prácticamente todos los grupos parlamentarios—, cuando ésta se encuentre ya preservada, las necesidades de mano de obra deben prevalecer sobre cualquier otra consideración. Si las necesidades de mano de obra lo requieren, deben trabajar hasta los inmigrantes pendientes de expulsión:
“(…), en caso de que existieran ofertas de puestos de trabajo, como existen, y que no están siendo ocupadas ahora mismo ni por la población nacional ni por la extranjera en situación de regularidad, que dichos empleos, en situación de temporalidad, pudieran ser desempeñados por esta población inmigrante pendiente de que se resuelva su situación administrativa o su expulsión; de lo contrario, la alternativa es permanecer en los centros de alojamiento de por vida o estar en las calles o plazas de nuestros pueblos.”[116]
Pero, además, es necesario establecer la procedencia de los inmigrantes que trabajan más y mejor para fomentar la llegada de éstos e ir desechando a los demás:
“Existen encuestas previas a la llegada de los inmigrantes sobre ciertas predilecciones que puede tener nuestro pueblo hacia sectores determinados de inmigración de diferentes países. Yo no sé si esas encuestas han sido valoradas y orientadas desde el punto de vista de los convenios que se hayan podido desarrollar. Tampoco sé, y por eso lo pregunto, si se ha hecho un seguimiento de los rendimientos que tiene este personal trabajador dependiendo del país de origen y del sector donde se desarrolle.”[117]
Se conforma así una visión del inmigrante como mano de obra. Su presencia en el país no se entiende si no es con la intención de trabajar o, al menos, para aportar de otros modos al crecimiento de la economía española. De otra forma no sólo se le considera innecesario, sino que se le impide su acceso al país e, incluso, se le considera un peligro para la estabilidad del sistema. Se argumenta que, al fin y al cabo, no pueden venir todos:
“(…) la capacidad de acogida que tiene España, que obviamente es limitada, con lo cual no se puede hablar de una inmigración de puertas abiertas, sobre la base de que tenemos una realidad social y laboral y no podemos olvidarla, y además contemplando la inmigración como fenómeno deseable que aporta riqueza y que contribuye al crecimiento de nuestro país, abordándolo, señorías, como un fenómeno estructural, (…).”[118]
Aunque de forma más moderada que estos miembros de los citados grupos parlamentarios, también desde el PSOE se contempla la inmigración como un fenómeno positivo por lo que representa para el crecimiento de determinados sectores económicos y para el mantenimiento del estado de bienestar. Aunque retóricamente se repiten las frases favorables a la llegada de inmigrantes por lo que éstos pueden aportar a la riqueza cultural del país, también para este grupo la regularización de la entrada en el país debe ser “adecuadamente canalizada a través del establecimiento de contingentes ajustados a las necesidades de nuestro mercado de trabajo”.[119]
En definitiva, las citadas consideraciones acerca de la inmigración como factor de crecimiento económico son muy recurrentes en el discurso de los estos partidos políticos. En realidad de todos: es un hecho que la inmigración aporta crecimiento económico. La cuestión es si se considera que la única razón para permitir la llegada de inmigrantes es por las necesidades del mercado laboral o, por el contrario, si el «control de flujos» no debe hacerse depender de esas necesidades. Grupos como el PNV manifiestan su resistencia a contemplar la llegada de inmigrantes únicamente desde una perspectiva mercantilista:
“(…), nos parece que queda el poso de una posible concepción errónea sobre la regulación de los flujos migratorios, siendo esto importante y quizá necesario dentro del territorio Schengen nos parece que se cargan excesivamente las tintas sobre la imagen de aprovechamiento y dimensionamiento de los recursos que precisa el mercado de trabajo. A la formación que yo represento nos repugnaría, y así hay que decirlo, ofrecer una imagen mercantilista de los poderes públicos involucrados en transacciones de contingentes de personas que manipulan el concepto legal del extranjero cuando sirve a los intereses económicos, y entonces se le llama mano de obra, y que no reparan, en definitiva, en el plano de sus derechos y libertades. Nos parece que la idea de flujos de población y la idea de mano de obra, oferta y demanda, está excesivamente presente en el programa y está mucho más ausente el plano de los derechos y libertades. (…) Desde la perspectiva del Grupo Vasco nos gusta más el parámetro de la tutela de derechos, de que estamos hablando de ciudadanos más que del aprovechamiento económico de una mano de obra.”[120]
Para otros grupos, siendo las causas de la inmigración las graves desigualdades económicas existentes entre Norte y Sur, no cabe esperar que, de no variar esas circunstancias, la tendencia de la inmigración cambie. Los inmigrantes seguirán viniendo en tanto esas desigualdades no se solventen y, mientras tanto, cualquier política que restrinja el acceso a una vida digna de esos inmigrantes en «nuestras» sociedades llevará a la creación de nuevos excluidos y, de ahí, a tensiones sociales. Por ello cabe hacer más hincapié en las razones de tipo solidario para recibir la inmigración:
“El fenómeno migratorio es universal y se ha dado a lo largo de la historia, y en estos momentos es un tema también de justicia o injusticia entre el mundo rico y el mundo pobre. No se pueden poner tantas puertas al campo porque existe un nivel de pobreza tal en el mundo que hace que el fenómeno migratorio sea imparable, salvo que los países pobres sean menos pobres y, en consecuencia, no tengan necesidad de emigrar. (…) [E]l fenómeno migratorio es un problema de justicia y de mal reparto de la riqueza a escala mundial, (…).
(…) De ahí nuestro convencimiento de que las políticas represivas policiales de cierre de fronteras a cal y canto no harán otra cosa que aumentar el sufrimiento humano y profundizar en las injusticias, como decía, de las relaciones Norte-Sur.”[121]
Cabe destacar, en lo que afecta este discurso a la cuestión de la economía y el mercado laboral español, que mientras se subrayan las cuestiones de economía internacional, se argumenta acerca de la desigualdad creciente entre Norte y Sur, se hace hincapié en las situaciones de explotación en las que viven muchos inmigrantes en España a causa de las necesidades de mano de obra barata de algunos sectores económicos, se echa en falta la existencia de un análisis claro de lo que supondría una política «solidaria» de inmigración para la sociedad española. Sin embargo, se apunta que tampoco esta política de inmigración que he llamado «solidaria» debe ser una política de inmigración de «puertas abiertas».[122] Deben, pues, existir limitaciones, pero no se apuntan cuáles, lo que se traduce en la falta de una solución alternativa a la instituida a partir de las necesidades del mercado laboral. En definitiva, se echa en falta la existencia de una auténtica tendencia argumentativa alternativa a la de la mercantilización del «control de flujos», a la conversión de la política de inmigración española en una especie de gran empresa de trabajo temporal. De ahí cabe deducir que estos argumentos que hacen hincapié en las cuestiones de economía internacional, señalando la desigualdad económica creciente entre Norte y Sur como causa directa del fenómeno migratorio, no se utilizan con la voluntad de instituir tal o cual política de inmigración —en realidad parece negarse la viabilidad de cualquier política de inmigración—, sino para subrayar la necesidad de cambiar las políticas económicas que el mundo rico defiende con respecto al mundo pobre, así como la necesidad de aumentar la ayuda al desarrollo:
“(…), porque yo considero que el fenómeno migratorio será imparable mientras no haya más justicia social y existan guerras y violencia, sea donde sea. Hasta que esas situaciones no cesen, como es lógico, la gente emigrará ya sea por las guerras ya sea por el hambre.”[123]
También desde el Gobierno y grupos políticos como Coalición Canaria se habla de ayuda al desarrollo, aunque desde otro punto de vista. La ayuda al desarrollo se inserta dentro de lo que se concibe como la política de inmigración que necesita el Estado español. La amenaza de una llegada descontrolada de inmigrantes en busca de una mejor situación económica debe evitarse, como hemos visto, y, a este fin puede ayudar el desarrollo económico de los países pobres:
“(…) nosotros estamos de acuerdo en aumentar la cooperación internacional, porque vivimos en un mundo de cooperación, y esta es parte de la política de inmigración. (…). Hay que tener cooperación para conseguir que no haya una avalancha (…)”[124]
La política de ayuda al desarrollo no surge de una pretendida ansia de justicia social internacional, sino del miedo.
La introducción de la ayuda al desarrollo como parte de la política de inmigración es algo que introduce formalmente el Programa Greco del Gobierno bajo el epígrafe de “codesarrollo”. Teniendo en cuenta que el «control de flujos» constituye el principio rector de la política de inmigración del Gobierno del Partido Popular, cabe suponer que el “codesarrollo” se contempla igualmente como una herramienta más para evitar la llegada «masiva» de inmigrantes. La ayuda al desarrollo no se contempla como una política surgida de la solidaridad sino como una herramienta empleada para frenar la llegada de inmigrantes. Para comprender este otro punto de vista con respecto a la ayuda al desarrollo creo que es muy ilustrativo señalar lo que a propósito del PAIDAR se dice en el Programa Greco:
“Se continuará aplicando el Programa de Acción Integrada para el Desarrollo de la Región Mediterránea de Marruecos (PAIDAR-Med). Este programa consiste en un estudio global de las vías de desarrollo y sus estrategias en una zona del Norte de Marruecos tradicionalmente emisora de inmigración hacia España y la Unión Europea. En el Programa se indican las intervenciones a llevar a cabo con objeto de asentar la población dotándola de recursos económicos y estímulo al desarrollo para conseguir la estabilización de los flujos migratorios.”[125]
El norte de Marruecos requiere ayuda económica y un programa global de desarrollo sólo en tanto ello permite asentar a la población de la zona y evitar que opte por emigrar hacia España. La inmigración debe atenerse a las necesidades económicas españolas. Las necesidades ajenas sólo se tienen en cuenta cuando afectan negativamente a la capacidad de absorción de mano de obra, cuando amenazan con una “avalancha” incontrolable, cuando suponen un peligro. La pobreza en el Sur no es un problema, por lo menos no lo es mientras el flujo de inmigrantes se atenga a «nuestras» necesidades, si ese flujo las sobrepasa, entonces la pobreza comienza a constituir un problema a solucionar[126].
6. Racismo, xenofobia y conflicto social
“Las realidades en Almería o en algunas islas canarias muestran claramente que la masa de los inmigrantes que llegan a determinadas zonas cuestiona los niveles de vida, la calidad de los servicios públicos y sociales a disposición de los ciudadanos y, también, los niveles de seguridad ciudadana. Con los derechos de reunión, manifestación y huelga en la mano –y con esto contesto a una de las preguntas que me ha formulado el Senador Cámara–, que sí tenían los inmigrantes en la 4/2000, esa masa inmigrante en esas zonas sería un factor preocupante de desestabilización social y de graves conflictos.”[127]
“Tiene escrito Vargas Llosa que las políticas antiinmigratorias están condenadas a fracasar porque nunca atajarán a aquellos [i.e., los inmigrantes], pero en cambio tienen el efecto perverso de socavar las instituciones democráticas del país que las aplica y de dar una apariencia de legitimidad a la xenofobia y al racismo, de abrir las puertas de la ciudad al autoritarismo.”[128]
A principios de febrero del año 2000, a poco más de un mes de que se celebraran las Elecciones Generales, tuvieron lugar una serie de acontecimientos en la localidad almeriense de El Ejido que supusieron la primera manifestación masiva de rechazo violento a la inmigración, de tal forma que no pudieron sino marcar su impronta en el discurso de los partidos políticos, en este caso en lo referente a lo que suponía la aparición de actitudes xenófobas o racistas en la sociedad española.
Ya antes habían aparecido actitudes xenófobas entre la población[129], pero los acontecimientos de El Ejido, por su gravedad y por su gran duración, sirvieron para evidenciar que, lejos de ser un sentimiento aislado y excepcional, la xenofobia podía convertirse en un sentimiento mayoritario en determinadas circunstancias y llegar a provocar conflictos sociales de la magnitud de los ocurridos en el poniente de Almería.
Todo empezó el 6 de febrero, cuando lo que podía haber terminado como simples manifestaciones de duelo y tristeza por la muerte de una mujer a manos de un perturbado mental de origen marroquí, terminó en realidad convertido en un verdadero progrom dirigido contra la población magrebí. Durante varios días las calles de aquella localidad fueron tomadas por la turba de justicieros ante la pasividad de la policía; se sucedieron las persecuciones y agresiones a magrebíes, el saqueo y quema de establecimientos regentados por éstos. Lo ocurrido evidenciaba que en la sociedad española los movimientos xenófobos violentos podían reproducirse, que en el seno de la sociedad española también existía rechazo hacia lo distinto, miedo y odio.
Desde los grupos políticos españoles no tardaron en alzarse las voces de rechazo. Para todos ellos lo ocurrido era intolerable: la persecución de todo un colectivo por los crímenes de un sólo individuo, el que la gente se tomara la justicia por su mano para perseguir a otras personas por la única razón de que tenían un origen distinto, por la única razón de que eran moros. Sin embargo, los acontecimientos, lejos de constituir un hecho que llevara a las fuerzas políticas a posicionarse conjuntamente y a actuar contra lo que estaba pasando en El Ejido, fue también objeto de discrepancias y enfrentamiento.
Hacía poco menos de dos meses que la Ley Orgánica 4/2000 había sido aprobada en el Congreso con los votos en contra del Partido Popular. Como hemos visto, para este partido la aprobación de esa ley significaba provocar un «efecto llamada» que traería a España a una especie de avalancha de inmigrantes, lo que podría dar lugar a problemas de convivencia[130]. Lo ocurrido en El Ejido parecía corroborar sus predicciones. Miembros del Gobierno, como Abel Matutes y Josep Piqué, achacaron a la permisividad de la norma aprobada la situación que se había producido.[131] A juicio de los miembros del Gobierno, el aumento de la inmigración «ilegal» producida por la puesta en marcha de la ley daba lugar a que se crearan situaciones de marginalidad entre la población inmigrante al no disponer de un trabajo, lo que, a su vez, llevaba consigo un aumento de la delincuencia, un aumento de la inseguridad ciudadana que, finalmente había provocado la reacción de la población española afectada. A partir de este momento, para el Partido Popular esta progresión que llevaba de la «irregularidad» administrativa de los inmigrantes a la delincuencia debía evitarse a toda costa y, como hemos visto, fue una de las principales razones esgrimidas para justificar la reforma de la ley. El Partido Popular, mediante este argumento, ocultaba deliberadamente un dato esencial: que en el principal sector económico que se daba en El Ejido —la agricultura intensiva en invernadero—, la población inmigrante sin papeles empleada era evidentemente muy numerosa, que en, al menos en esta zona española, la falta de un permiso de trabajo, de un permiso de residencia, no suponía ni mucho menos la falta de un trabajo. Esto era evidente para cualquiera que se parara a echar un vistazo a las cifras oficiales: en 1999 el número de permisos de trabajo concedidos en toda Almería ascendía a 6.904,[132] y esto para una extensión de cultivo en toda la provincia de unas 30.000 hectáreas de invernadero. Por lo tanto se podía conjeturar que el número de empleados en los invernaderos era mucho mayor que el número de permisos de trabajo concedidos. Más aún cuando se sabe que este tipo de agricultura necesita de una gran cantidad de mano de obra mantenida bajo unos salarios mínimos con el objeto de hacer rentable la producción, y que, por tanto, el recurso a la mano de obra ofrecida por los inmigrantes sin «regularizar» es, por tanto, generalizado.[133]
No había, como vemos, marginación laboral de una forma generalizada, como se argumentaba desde el Partido Popular, por el hecho de no poseer papeles, y, más bien, esto constituía una excepción. Sí, en cambio, había marginación social entre los inmigrantes a causa de una tendencia generalizada entre los propietarios almerienses a mantener a la población inmigrante alejada mayoritariamente de los núcleos urbanos, alejada del acceso a la vivienda, y alojada en antiguos cortijos abandonados o en los mismos invernaderos, en lo que se ha calificado de una nueva forma de apartheid.[134] Esta forma de marginación no constituía una forma derivada de la situación de «irregularidad» de los inmigrantes, sino que, más bien, era una forma sistemática de segregación espacial inducida por la población autóctona con el objetivo de impedir el acceso de la población inmigrante a los recursos ofrecidos por el medio urbano. Era en esta situación en la que cabía encontrar algún indicio que explicara el estallido del conflicto social en la localidad almeriense. Sin embargo, el Partido Popular lo achacó al aumento de la población inmigrante sin «regularizar», argumento que sirvió de justificación de lo ocurrido para algún líder social de la comarca.[135] Evidentemente, cuando la turba de agresores marchaba por las calles de El Ejido persiguiendo a los magrebíes no les solicitaban, antes de agredirles, que les mostraran sus papeles.
La agresión fue generalizada. Achacarla a la presencia masiva de inmigrantes «irregulares» equivalía a ocultar que el rechazo se producía hacia la presencia inmigrante en general, equivalía a negar o a minimizar la existencia de xenofobia entre la población autóctona: el rechazo no se producía contra la población inmigrante, sino contra la criminalidad protagonizada por esa parte de los inmigrantes que carecían de permiso de residencia. De igual forma, mantener que la presencia de inmigrantes «irregulares» en los pueblos y ciudades españoles podía dar origen al surgimiento de conflictos sociales, justificaba plenamente la postura que el Partido Popular mantuvo con respecto a la LO 4/2000, que, según este partido, propiciaba el aumento de la población inmigrante «irregular».
Con todo ello, el más importante incidente xenófobo ocurrido en la España democrática, terminaba siendo, a los ojos del Partido Popular, un incidente originado por la presencia de inmigrantes «irregulares»: no se trataba de un rechazo xenófobo, sino un rechazo a la criminalidad. No es de extrañar que se dieran este tipo de argumentación teniendo en cuenta que en el discurso del Partido Popular las referencias a las actitudes racistas, xenófobas, de discriminación por razón de origen, raza o religión, se consideraban actitudes minoritarias, propias de grupos extremistas, y cuya presencia era difícil de encontrar en la mayoría de la población española. Esta tolerancia por naturaleza que graciosamente poseían los españoles podía, para el Partido Popular, tornarse en rechazo y discriminación a causa de la presencia nociva de la inmigración «irregular»:
(…) nadie con sentido común puede plantear una política que consista en no hacer nada o no ordenar esos flujos migratorios, porque es lo peor que podríamos hacer por los inmigrantes y lo peor que podríamos hacer por una sociedad tolerante y con capacidad de integración y reconocimiento de derechos de los inmigrantes.”[136]
De tal modo que había que luchar contra la inmigración «irregular» para evitar que la sociedad española reaccionara con rechazo hacia la población inmigrante en su totalidad. Al apuntar que la inmigración «irregular» supone un peligro para los demás inmigrantes se indica que sufrirán ellos también el rechazo contra la criminalidad protagonizada por los «irregulares», pues es igualmente peligrosa para la tolerancia innata de la sociedad española. Todo ello se sostiene sobre la premisa de que “fuera de la legalidad sólo hay marginación”[137] y que esta marginación llevaba a la criminalidad. El Partido Popular ocultaba deliberadamente que esta marginación no era generalmente de índole laboral, sino política, asistencial, administrativa.
Es por todo ello que las referencias del Partido Popular a las actitudes racistas y xenófobas de la población española son reducidas. En general las intervenciones parlamentarias que hacen referencia a este tema lo hacen para, simplemente apuntar cosas del estilo de: “(…), es prioritario para nuestro grupo que adoptemos medidas de lucha contra el racismo y la xenofobia”[138], sin ir más allá. Lo extraño de estos planteamientos es que, para el Partido Popular, como hemos visto, la causa del racismo o la xenofobia es la propia presencia de inmigrantes en situación «irregular». De forma que luchar contra ésta inmigración es luchar contra la xenofobia y el racismo. Incluso a veces se apunta implícitamente que la inmigración en general es causa de la aparición de actitudes racistas o xenófobas:
“No hay una regla de tres simple, ni debería haberla, que diga que a mayor población inmigrante mayor xenofobia. Pero también nos engañaríamos todos los que estamos en esta sala si no nos diéramos cuenta de que a mayor población inmigrante hay mayores riesgos de xenofobia. Probablemente mucha gente se ha considerado eternamente tolerante con los inmigrantes o con personas de otra raza o condición porque no había posibilidad física de contacto, y hoy esa posibilidad sin duda ninguna es muy superior, y la convivencia es enriquecedora, pero también por la convivencia se generan las situaciones de fricción.”[139]
De tal forma que a menor presencia de inmigrantes menor riesgo… Esta es una de las consideraciones que tendrá en cuenta el Partido Popular a la hora de enfrentarse a la reforma de la LO 4/2000: evitar conflictos sociales de índole xenófoba evitando una excesiva presencia inmigrante: los inmigrantes se convierten en la causa del rechazo: hay xenofobia porque hay inmigrantes: un argumento xenófobo para explicar la xenofobia. Este es un argumento que se repite desde otros grupos políticos. Quizá Coalición Canaria es el que más lo repite, por ejemplo cuando argumenta que aparecen actitudes xenófobas porque no hay medios para expulsar:
“Al no haber una vía rápida de devolución de los menores a su país de origen, la situación que se plantea allí ha saltado lamentablemente a la prensa con actuaciones xenófobas de rechazo que todos condenamos y lamentamos, pero hay que pasar del lamento y de la condena a una solución.”[140]
O cuando se afirma: “En este país —se ha dicho esta mañana— hay 1.000.000 de inmigrantes —había menos de 500.000 hace apenas unos años—, es decir, no llega al 3 por ciento de la población española; por eso somos uno de los países menos racistas de Europa”.
También algún representante de Convergència i Unió hace referencia a esta clase de argumentos que, como digo, tienen el peligro de achacar a los propios inmigrantes la causa del rechazo que provocan.[141] Pero para la mayor parte de los grupos políticos de la Oposición, es el discurso de esta índole el que propicia la aparición de actitudes de rechazo y discriminación hacia la presencia de inmigrantes. Estas acusaciones forman parte de la más general crítica hacia el conjunto de la política de inmigración propugnada por el Partido Popular. Achacan a ésta no sólo una falta de actitud pedagógica tendente a cambiar las actitudes de la población autóctona con respecto a la inmigración, sino una deliberada tendencia hacia fundamentar las actitudes de rechazo:
“Además, han empleado durante todo este último mes (…) un discurso demagógico, un discurso alarmista y un discurso xenófobo, que ha sido expresado por las más altas instancias del Gobierno de la nación. (…), ahora mismo tengo la firme impresión de que ustedes con esta ley están haciendo electoralismo, porque piensan que algunos sectores más reaccionarios, que son los que les apoyan a ustedes, estarán muy contentos pensando que ustedes han sido duros con estas personas, a las que debemos manifestar desconfianza y en alguna forma desprecio.”[142]
Sin embargo, en estas posiciones políticas igualmente se echa en falta esa actitud pedagógica, predominando en ellas más la crítica hacia la política gubernamental que la aparición de un discurso que, en otro registro, explique a la población el fenómeno migratorio. De ello se desprende quizás la conclusión de que para estos grupos la aparición de actitudes racistas o xenófobas depende más del discurso del Partido Popular que de las circunstancias actuales de la sociedad española. Se desprende que, para estos grupos, la sociedad española es, fundamentalmente tolerante y que son esas actitudes del Gobierno con respecto a la inmigración las que fomentan la aparición de fenómenos xenófobos o racistas entre la población autóctona:
“El tema de fondo que sintetiza nuestra posición es que ustedes, en el seno de una mal entendida política de inmigración, con el andamiaje jurídico de la Ley de Inmigración 8/2000, están directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, alentando la xenofobia. Este es el problema de fondo para nosotros, señor Fernández-Miranda. Ustedes alientan la xenofobia con declaraciones, con anuncio de medidas y con una serie de cuestiones que le puedo sintetizar a través de las declaraciones del señor Azurmendi, pero también a través de otro tipo de declaraciones. (…) Se lo dije en otra ocasión, da la impresión de que ustedes intentan extrapolar a toda España el modelo de El Ejido.”[143]
Estas declaraciones, que se repiten, sobre todo a partir de los acontecimientos de El Ejido[144], continuamente desde los grupos políticos de la Oposición, abogan por un cambio de registro en el discurso a la hora de enfrentarse a la temática de la inmigración. Denuncian el uso interesado del fenómeno y la posible voluntad del Gobierno de alentar las actitudes de rechazo. Sin embargo, ellos mismos no muestran ese cambio que propugnan. Se encaminan hacia él sin llegar a conseguirlo. El Partido Popular parece llevar la iniciativa y los grupos opositores responden con críticas ajustadas, pero sin manifiestas alternativas a la hora de explicar las cuestiones clave que afectan al fenómeno migratorio. En toda la documentación consultada se observa que existe una falta de iniciativa a la hora de explicar estas cuestiones. En el caso de la aparición de actitudes xenófobas o racistas, el único fragmento que he encontrado que tiende a explicarlas relacionándolas con procesos que afectan al seno de la sociedad en tanto a la forma de haber sido constituida alrededor de un «nosotros»:
“Las experiencias de otros países nos dicen que los brotes de xenofobia y de racismo son posibles hoy en todos los países porque los mecanismos internos de las personas que llevan a esas actitudes pueden estallar en cualquier momento a partir del miedo —no miedo físico; miedo a perder el puesto de trabajo, miedo a perder la identidad, miedo a la diferencia de otras personas—, y de ahí al racismo hay un paso.”[145]
Se apunta, quizás aún de forma poco desarrollada, que las actitudes xenófobas o racistas son inherentes al modo en que se constituye la sociedad, de forma identitaria, alrededor de un «nosotros» que contempla al «otro» como una amenaza para sus recursos y para su identidad. Es un argumento que apunta tímidamente hacia un cuestionamiento de la forma de constitución social que actualmente rige en las sociedades modernas. Constituye un argumento alternativo por derecho, pero que, atendiendo a la poca fuerza del grupo político al que pertenece, cabe cuestionar su validez como auténtica alternativa al discurso del Partido Popular; incluso su validez como auténtica iniciativa tendente cambiar los referentes que mayoritariamente han tendido a explicar el fenómeno de la inmigración. También su valor pedagógico, debido al poco eco que este discurso hallará en el conjunto de la población.
De tal forma, cabe concluir que la tendencia fundamental es a explicar los fenómenos de rechazo, xenofobia y racismo, atendiendo a las bases argumentativas del Partido Popular. De manera que se tenderá a seguir configurando la inmigración como fuente de conflictos, origen de inseguridad, pero también responsable de sacar de «nosotros» lo peor que llevamos dentro. Globalmente, se pensará que, lejos de ser la manera en cómo se trata la inmigración lo que hace de nuestras sociedades peores sociedades, es la propia presencia de inmigrantes lo que provoca esa metamorfosis. Se pensará que, para evitar el surgimiento de actitudes racistas o xenófobas habrá que, por un lado, «controlar los flujos» para evitar la presencia excesiva de inmigrantes —sobre todo «irregulares»—, y, por otro, integrar: hacer que el inmigrante se convierta en uno de «nosotros», con la creencia de que el rechazo no está en «nosotros», sino que es causado por el «otro», de tal forma que tendrá que ser éste el que tenga que cambiar.
7. Multiculturalismo, integración y convivencia
“Yo me pregunto qué ocurriría si una determinada cultura predominara algún día en algún municipio o zona concreta y los pertenecientes a ella quisieran hacer fiesta los viernes. Esto podría crear un rechazo en la sociedad y, por tanto, estas personas han de ser muy conscientes de que están en un país con otra cultura, con otras costumbres, etcétera. Hemos de respetarles en aquello que no ponga en peligro la cohesión social pero ellos también han de hacer lo mismo.”[146]
“No le voy a decir aquello de «a donde fueres haz lo que vieres», pero le puedo dar algunas anécdotas, ya que una puede ir a Túnez o a Argelia como turista y se ve obligada a quitarse los zapatos para entrar en una mezquita o se tiene que poner un sayo porque no les gusta que vayas en pantalones o con una falda a mitad de pierna y sólo se te vea el tobillo. No obstante, a pesar de que estoy pagando por ser turista, tengo que adaptarme a la obligación que me exige un determinado país.”[147]
Una vez desechados los inmigrantes «irregulares», una vez establecido que el «control de flujos» es el principio que va a llevar a instituir una política de inmigración basada en la estancia «regular» de los inmigrantes, falta determinar cómo se va a realizar la incorporación de esos inmigrantes a la sociedad española. ¿Cómo hacer para que esta incorporación se realice sin problemas, sin traumatismo, sin que ello dé origen al rechazo por parte de la población autóctona?[148] La palabra clave para responder a esta cuestión es integración. ¿Pero qué se entiende por integración? ¿Significa simplemente incorporación de los inmigrantes a la sociedad española, que éstos entren a formar parte de ella? ¿Pero cómo deben hacerlo? Para el Partido Popular y el Gobierno está claro: otorgar a los inmigrantes «regulares» un corpus de derechos equiparable lo más posible a los de los españoles con las obligaciones que esos derechos conllevan equivale a integración. ¿Pero, es eso integración? ¿Sólo la posesión de unos derechos y el cumplimiento de unas obligaciones? ¿Cuándo se entra a formar parte de una comunidad? Cuando la comunidad se forma sobre unas bases indentitarias étnicas, cuando se sostiene que existe un «nosotros» para cuya constitución se han identificado una serie de características que tienen que cumplir todos sus miembros, las personas que quieren incorporarse a esa comunidad deben cumplir esas características. Es una constitución peligrosa, como repetidas veces ha mostrado la Historia. ¿Se pretende repetir? ¿Hablamos entonces de idioma, de religión, de modos y costumbres, de rendimiento en el trabajo, de vestimenta, de educación, de ideas políticas? Veremos que los grupos políticos no lo tienen claro. Lo único claro es que, puesto que «nuestra» comunidad está ya constituida, deberán ser los nuevos miembros los que deban de cambiar para amoldarse a ella. Serán desechados aquellos que no cumplan con las características necesarias para formar parte de «nosotros».
Empecemos por identificar a ese «nosotros». De entre todo el material recopilado para esta investigación, sólo he podido acceder a un intento decidido por definir quienes son esos que forman «nuestra» comunidad, que aquí se identifican nacionalistamente como “españoles”. La comunidad es pues una comunidad nacional, no se entiende de otro modo que alrededor del concepto de nacionalidad. Entrar a formar parte de ella equivale a poseer esa nacionalidad. Cabe interpretar que la integración total de los inmigrantes sólo viene por esa vía:
“Pues bien, cuando se habla de integración, se debe hacer pensando en las personas, pensando en ciudadanos. Por eso defendemos nosotros el respeto a las costumbres y a las creencias de todos. No en virtud de ningún derecho colectivo, sino porque cada persona es libre de vivir como prefiera, siempre que respete y asuma las normas de una sociedad democrática. Y nosotros queremos una sociedad integrada y pluralista, no una sociedad compartimentada étnicamente, culturalmente o religiosamente. Por eso, español no es quien tenga unas determinadas creencias o unos rasgos físicos determinados. Español no es quien tenga una supuesta pureza de origen, ni que tenga unos u otros apellidos. Español es, sinceramente y sencillamente, quien quiere vivir, trabajar, integrarse en nuestra sociedad, y asumir plenamente los valores democráticos que nuestra sociedad y nuestra Constitución establece. Esos son todos los españoles.”[149]
Básicamente, parte de la comunidad de “españoles” es todo aquel que asuma “plenamente los valores democráticos que nuestra sociedad y nuestra Constitución establece”. Evidentemente, esta frase sólo puede entenderse por cuanto supone un ejercicio de retórica claro: ni todos aquellos extranjeros que cumplan esos «requisitos» formarán parte de la comunidad nacional, ni todos aquellos españoles que no los cumplan dejarán de formar parte de ella. El acceso a la nacionalidad seguirá siendo un trámite administrativo que no conllevará con él ninguna garantía de que el nacionalizado comparta unos u otros valores cualquiera. Por lo tanto, ¿qué significa este fragmento? Desde mi punto de vista, no se puede tomar como una posible base ideológica de la política de inmigración, simplemente es la aportación personal del señor Aznar al debate abierto en torno al multiculturalismo como modelo social de convivencia.
Tomaré el debate en torno al multiculturalismo como centro de este capítulo, ya que en él se insertan todas las concepciones que los distintos partidos políticos tienen acerca de la integración y el modo en que la sociedad española debe constituirse, el modo en que las personas deben organizarse para convivir.
El Partido Popular ha cambiado ostensiblemente su discurso en torno al multiculturalismo. De considerarlo un modelo de convivencia apto para la sociedad española, lo ha ido desechando a partir, sobre todo, de unas declaraciones de Mikel Azurmendi (Presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes) en las que afirmaba que el multiculturalismo es una “gangrena de la sociedad democrática.”[150]
En un principio, como digo, para el Partido Popular el multiculturalismo es un modelo deseable que propiciará la integración de los inmigrantes en la sociedad española. Se repiten las declaraciones que, desde este grupo político, reivindican una sociedad multicultural como producto de la llegada de inmigrantes a España:
“Quienes asumimos sin temor el futuro posible de una España multicultural, de una España mestiza, quienes descartamos de raíz cualquier rasgo identitario como soporte de una comunidad que no aspiramos a construir sobre otras nociones distintas que no sean las de la ciudadanía, los derechos humanos y la libertad, no podemos sino afrontar con esperanza el desafío de la inmigración, a condición de que no se convierta en una fuente de exclusión y marginalidad.”[151]
Pero ¿qué es ese multiculturalismo que se reivindica? Las contradicciones son muchas. Revisando toda la documentación se llega a la conclusión de que dentro de la palabra multiculturalismo existen en realidad diversos modos de entender la integración de los inmigrantes en la sociedad española. Desde unos puntos de vista se reivindica la convivencia dentro de la diversidad a la misma vez que se contempla la posibilidad de esta convivencia cuando los inmigrantes se asimilen totalmente a la sociedad española, cuando aquellos adopten el castellano como idioma, las «costumbres españolas», «nuestra cultura». Desde este punto de vista se parece reivindicar la diversidad dentro de la homogeneidad:
“Pero al igual que a nosotros nos enriquece esa realidad multicultural, es obvio, señorías, que la misma también enriquece a los inmigrantes, siempre que seamos capaces desde la diversidad y la tolerancia de integrarles en nuestra lengua, costumbres y cultura. De ahí la importancia de que nuestro sistema docente imparta una educación basada en la diversidad cultural. (…)”[152]
Sin embargo, como digo, a partir de las declaraciones de Azurmendi las referencias al modelo multicultural tienden a ir, poco a poco, desapareciendo, llegándose a afirmar que la introducción en el Programa Greco de este modelo como base teórica de la política de integración ha sido un completo error[153]. Estas declaraciones de Azurmendi, asumidas luego totalmente por el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, se hacen eco de las tesis de Giovanni Sartori, el cual, en su libro La sociedad multiétnica[154], plantea una crítica al multiculturalismo por cuanto, a su entender, supone una amenaza a cuanto el sistema democrático defiende: igualdad de derechos, igualdad ante la ley, pluralismo, etcétera, ya que al mantener que todas las culturas son igualmente respetables, las tradiciones legislativas de cada una de ellas, si se mantienen en la sociedad de acogida, ponen en cuestión la cohesión democrática del Estado que toma como principio de organización de la convivencia el multiculturalismo. Por todo ello, Sartori defiende que la integración de los inmigrantes en las sociedades europeas debe hacerse manteniendo inamovibles los sistemas legislativos surgidos al amparo de los valores democráticos y, a partir de ahí, todo aquel inmigrante que quiera integrarse en la sociedad de acogida deberá asumir esos valores. De tal forma se terminará por afirmar que será más difícil la integración para aquellos inmigrantes que provengan de países regidos por sistemas manifiestamente anti-democráticos.[155] Sartori pone en su punto de mira a los inmigrantes de origen musulmán. Considera que éstos provienen de una cultura contraria a los valores democráticos, y que, por ello, su presencia en las sociedades europeas puede dar lugar a fracturar la cohesión democrática de éstas.
Azurmendi recoge esa idea cuando afirma que “el multiculturalismo fundamentalmente es el derecho de que cada sociedad viva aparte, de que cada sociedad culturalmente distinta elabore sus propias creencias, tenga sus propias instituciones y viva completamente al margen de la otra organización.”[156] Se identifica, así, el multiculturalismo con la creación de guetos, y se llega a afirmar que el apartheid es el resultado último del multiculturalismo. Son unas ideas que retoma casi punto por punto el señor Fernández-Miranda cuando afirma:
“El concepto de sociedad multicultural no es sinónimo ni de integración, ni de sociedad multiétnica, ni de sociedad multirracial, ni de sociedad mestiza o diversa. No es sinónimo, y no nos corresponde a nosotros decir sí o no. El concepto de multiculturalismo, de sociedad multicultural, nace en los años ochenta o noventa en las universidades y en los colleges ingleses y estadounidenses y de intelectuales y profesores que lanzan el concepto de sociedades en las que donde las culturas estancas compiten unas contra otras, forman guetos y olvidan una condición básica de la persona. (…)Por tanto, somos ciudadanos, y no simplemente piezas aisladas bunkerizadas en el seno de cada una de nuestras culturas, y afirmamos rotundamente que queremos una convivencia multirracial o multiétnica, mestiza o diversa, no una convivencia en el multiculturalismo.”[157]
Azurmendi, sin embargo, no va tan lejos como Sartori y no se decide por prevenir contra los males de una inmigración de origen musulmán. Hay que reconocerle cierto tacto en este aspecto. No tendrán el mismo tacto algunos miembros destacados del Gobierno que, siguiendo la veda abierta por Azurmendi, terminarán por asumir completamente las tesis de Sartori. Así se terminará hablando de las culturas de origen de los inmigrantes, considerando alguna de ellas, en concreto la de los países magrebíes, incompatibles con la democracia, los derechos humanos, en definitiva, con lo que se contempla como «nuestra cultura»:
“Si hablamos de principios, de valores, y de normas de convivencia, hay que decir que hay culturas que simplemente son irreconciliables, (…). Si nuestra Constitución sostiene que España es un Estado social, democrático y de derecho, díganme cómo podemos conciliar esa definición de nuestra Constitución y de nuestra cultura, con un Estado teocrático gobernado por clérigos de distintas religiones. Si nuestra Constitución, es decir, nuestra cultura, habla de la igualdad de todos, no solamente de los hombres y mujeres sino también de la igualdad como concepto, como personas, ¿qué hacemos con aquellas culturas que ordenan las sociedades en castas? (…) ¿Cómo lo compaginamos con la pena de muerte? Porque en ese mismo artículo queda abolida; y no hablo ya de la lapidación de las mujeres, para no hablar de nuevo de las mujeres. ¿Cómo lo compaginamos con la pena de muerte que se establece con un tiro en la espalda y conque la familia, al ir a recoger el cadáver, tenga que pagar hasta la bala? (…)¿Cómo lo compaginamos con los castigos corporales, con los azotes? Forma parte de esas culturas. (…), es un principio una norma, un valor que choca de frente contra nuestra cultura, contra la cultura democrática, contra la cultura liberal, contra la cultura de la libertad.”[158]
Lo extraño es que, mientras se realiza esta contraposición con la cultura musulmana atendiendo a los conceptos de democracia y derechos humanos y, a partir de ahí, se considera incompatible con «nuestra» cultura, se afirma que los inmigrantes de origen iberoamericano sí tienen una cultura común a la nuestra, reduciendo en este caso el concepto de cultura a sus aspectos de idioma, costumbres, religión, olvidando en este caso hablar de Democracia y Derechos Humanos, y así, en definitiva, se les considera más aptos para integrarse en «nuestra» sociedad:
“¿Que por qué se eligen esas comunidades [las iberoamericanas], aparte de por razón de coherencia constitucional, de coherencia con la historia, de coherencia con la tradición y de coherencia con el Código Civil? Pues, normal: porque entre las distintas olas de la inmigración (no soy yo, sino la autoridad de alguien que creo que puede ser a nuestros efectos bastante indiscutible, como el profesor Giovanni Sartori, en su conocida obra sobre multietnia, interetnia, etcétera) se dice que, en efecto, la integración es posible si se diferencian los factores de los distintos flujos migratorios; y es tanto más posible cuando los factores que pueden unir son la lengua, la cultura, las creencias, las tradiciones comunes, que es exactamente lo que buscamos en aquel colectivo de inmigrantes residentes al que nos dirigimos.”[159]
Nos encontramos, así, con el establecimiento de dos varas de medir a la hora de hablar de qué inmigrantes son más fácilmente integrables en «nuestra cultura». Por un lado se utilizan los valores democráticos para contraponerlos a los valores islámicos y concluir que son incompatibles, de forma que los inmigrantes provenientes de esa cultura islámica tenderán, se supone, a rechazar unos valores contrarios a los suyos. De otro lado, sin embargo, las referencias a los valores democráticos desaparecen y deja de entenderse «nuestra cultura» como una cultura democrática, pasando a ser pensada como un conjunto de costumbres, una religión, un idioma. De esta forma se termina por concluir que los inmigrantes que se contemplan como más cercanos a esa cultura, y, por ello, más fácilmente integrables, serán los de origen iberoamericano. En una extraña maniobra discursiva los valores democráticos sólo son enarbolados si sirven para marcar las diferencias con el Islam. A partir de ahí, se pretende, por tanto, que el conflicto entre «nuestra cultura» y la islámica está servido y que, de querer hacerlas compatibles, «nuestra cultura», en una nueva empresa civilizadora, deberá intervenir en la otra cultura para cambiarla y hacerla compatible:
“Tienen que intervenir en las culturas. Hombre, sería bueno empezar por no confundir derechos y cultura con costumbres y folclore, que es el conjunto de las costumbres. (…)¿O es que no tenemos que intervenir en aquellas culturas que organizan sus sociedades en castas? (…)¿O es que no tenemos que intervenir en aquellas sociedades que consideran que los Estados han de ser Estados teocráticos gobernados por clérigos? ¿O es que no tenemos que intervenir en aquellas culturas en donde el hombre y la mujer no son personas y por tanto no son iguales ante la ley? ¿O es que no tenemos que intervenir en un sinfín de ejemplos, aunque no pretendo aburrir a nadie, en donde lo que sucede es que hay confrontación de derechos humanos en los cuales acabamos coincidiendo todos? Lo que no queremos, lo que no podemos ocultar, lo que tenemos la obligación de plantear ante una sociedad adulta —sólo faltaba que ahora huyamos de aquellos debates que pueden escandalizar, preocupar o inquietar a una sociedad democrática— es que hay confrontación de culturas. Es que con eso estamos haciendo un inmenso favor a aquellos que de forma oculta, de forma absolutamente desconocida para todos actúan en esas culturas. ¿Qué hizo el famoso imán de Barcelona publicando un libro en donde decía sitios para pegar a la mujer y que no tenga rechazo social, para que no se vea dónde se le pega y no se pueda quejar? (…)Aquí, un imán, un clérigo, publicado en Barcelona. ¿O es eso lo que queremos? ¿Mirar para otro lado y decir cómo es un poquito…? Pues no. Tenemos la costumbre de plantear este debate cultural, de una cultura que yo creo que estamos todos de acuerdo que debe estar cerrada en torno a nuestra Constitución, en donde está el catálogo de los derechos y las obligaciones. Esa es la cultura, que es la cultura de la Unión Europea.”[160]
De tal manera, cabe concluir que la integración se contempla como un proceso homogeneizador por el cual lo que se contempla como manifiestamente distinto tiende a ser rechazado.[161] Para ello, si es necesario, se rechaza reivindicando la defensa de los valores democráticos. Al contrario, lo que se contempla como más próximo al núcleo homogéneo de la población autóctona, tiende a ser aceptado ocultando, si ello es preciso, lo que pudiera constituir un principio de diferenciación: la aprehensión de los valores democráticos. Bajo esta premisa se podrían ahora entender, creo, las más arriba transcritas declaraciones de José María Aznar.
Evidentemente, esas declaraciones que ponen el acento en la interiorización de los valores democráticos por parte de los inmigrantes, como se ha señalado, no pueden ser consideradas como base ideológica para la constitución de una política de aceptación o rechazo de unos u otros inmigrantes. El Gobierno no pretende, por ejemplo, instituir, a la hora de regularizar a los inmigrantes, una serie de exámenes que prueben la «solvencia» democrática de los inmigrantes. Pero sí, en cambio, esta visión de qué inmigración es más favorable para la convivencia en España, puede servir para llevar a cabo políticas que tiendan a discriminar, de principio, a unos inmigrantes con respecto a otros atendiendo a su procedencia, a lo que se contempla como su cultura. Se tratará de una discriminación por razones de origen justificada por razones de defensa de los valores democráticos. La primera iniciativa legislativa en este sentido es la propuesta del Gobierno de promulgar una “ley de modificación de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las fuerzas armadas, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la condición de militar profesional detropa y marinería”[162]. Con esta iniciativa el Gobierno pretende incorporar a las Fuerzas Armadas a los extranjeros en situación «regular» que procedan de los países iberoamericanos por las razones de “coherencia constitucional, de coherencia con la historia, de coherencia con la tradición y de coherencia con el Código Civil” que más arriba el señor ministro Trillo-Figueroa aducía, y por considerar que éstos inmigrantes, como se ha explicado, por razones de su origen, de su cultura, serán más fácilmente integrados en «nuestra» sociedad, discriminando al resto de inmigrantes dado que su cultura se contempla como manifiestamente anti-democrática.
Finalmente, cabría preguntarse si las declaraciones del Partido Popular que enaltecen el valor positivo de la diferencia, el deseo de construir una España «mestiza», no constituyen en realidad ejercicios de transmisión de lo «políticamente correcto». A este respecto cabe señalar una iniciativa parlamentaria del Partido Popular por la que se pretende instar “al Gobierno a desarrollar y poner en práctica, en colaboración y coordinación con las Comunidades Autónomas, un plan específico tendente a sensibilizar a la población de la necesidad de desarrollar un modelo de educación intercultural en las escuelas.”[163] Dada la clara falta de iniciativa que el grupo Popular manifestó por poner en marcha el modelo de educación intercultural que reivindicaba —dado que durante el debate se mostró totalmente contrario a pasar del mero plan de sensibilización de la población a la promulgación de un plan concreto de educación intercultural—, cabría dudar de la voluntad del Partido Popular por pasar de las palabras a la ejecución de políticas concretas, lo que llevaría, lógicamente, a dudar de la validez de esas mismas palabras.
¿Cuál ha sido la postura de la Oposición con respecto al debate del multiculturalismo? La postura general ha sido de rechazo hacia la actitud del Gobierno, especialmente de su Delegado para la Extranjería y la Inmigración, por apoyar la postura del señor Azurmendi con respecto al multiculturalismo. Este rechazo no se manifiesta en tanto contrario a las ideas expresadas por el presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes —atendiendo al significado que el señor Azurmendi daba al concepto de multiculturalismo, nadie se mostraba partidario de éste como modelo de convivencia—, sino en tanto a las formas en las que éstas fueron expresadas: manifestar en los medios de comunicación que “el multiculturalismo es una gangrena de la democracia” puede resultar un ejercicio claro de irresponsabilidad, por cuanto el común de los mortales evidentemente no está al corriente de esos debates de la Sociología y, por lo tanto, unas declaraciones tales se tienden a entender como una manifestación contraria a la presencia de otras culturas en España. Por ello se acusa al Gobierno de crear “debates falsos” y de alentar con ello a aquellos sectores de la población que estarían felices si las diferencias culturales del estado fueran eliminadas.[164] En esta línea, se explica que:
“Todos sabemos lo que queremos decir cuando hablamos de una sociedad multicultural: una sociedad en la que hay que respetar las costumbres y en la que a su vez todos tienen que respetar nuestras leyes. Así de simple. En el fondo eso está tan claro que montar una polémica en torno a una cuestión de este tipo cuando en el fondo todos sabemos lo que queremos decir al referirnos a ello, no contribuye en modo alguno a ese objetivo general de evitar un clima inadecuado en relación con todas estas cuestiones. Por otra parte, cuando se es Presidente del Foro de la Inmigración, no se es simplemente un profesor universitario ni un investigador puesto que se están ejerciendo responsabilidades políticas. No puede mover al escándalo quien desempeña funciones de esa naturaleza por intentar trasladar al lenguaje de la política lo que puede tener sentido, aunque discutible, en el ámbito de la antropología social.”[165]
En definitiva, se considera al Gobierno responsable de crear una polémica ficticia en torno a un tema tan sensible para la población como es el de la inmigración. Pero, para los grupos de la Oposición, el modelo multicultural es válido en tanto no significa lo que Azurmendi, Sartori y Fernández-Miranda señalan. Para la Oposición en general el modelo multicultural significa básicamente el respeto a la diferencia dentro de la ordenación jurídica instituida por la sociedad española, lo cual también tiene sus contradicciones: ¿cómo utilizar una legislación nacida de una sociedad para regular otra sociedad totalmente distinta? Aquí los grupos de la Oposición difieren en sus posturas. Es más, dentro de los mismos grupos, los distintos representantes difieren entre sí en lo que significa integrar la diferencia en un ordenamiento jurídico ya constituido —en un ordenamiento jurídico en cuya constitución no ha participado la población considerada diferente—. Un punto de acuerdo casi general se encuentra en lo que se refiere a que el ordenamiento democrático basado en la Constitución y el respeto a los Derechos Humanos debe ser la base para la convivencia:
“Estas cuatro ideas, esos límites de los derechos humanos, esa gestión de la diversidad y del conflicto, el facilitar la movilidad social y el creer que las culturas no son sistemas cerrados, son los cuatro ejes que nos deberían permitir al conjunto de las fuerzas políticas obviar debates falsos y articular políticas eficaces.”[166]
Pero el desacuerdo aparece cuando se trata de conjugar ese respeto al ordenamiento democrático con aquellas costumbres que se contemplan como contrarias a aquél. En este caso se encuentran, desde aquellas posturas que se cierran totalmente a que cualquier cambio pudiera afectar al ordenamiento: “Nuestros valores no pueden ponerse en peligro por alguien que voluntariamente, entre comillas, porque en muchas ocasiones se ven forzados a emigrar, de todas las posibilidades que ha buscado, la española es la que más le ha convenido.”[167]
Hasta aquellas que abogan por un principio de «mestizaje» entre el ordenamiento jurídico basado en los valores democráticos y las aportaciones que la población inmigrante pudiera introducir en él. De este modo se trataría de que la nueva población participara al mismo nivel que la población autóctona en la constitución del ordenamiento jurídico dando lugar a la aparición de un ordenamiento nuevo y «mestizo»: “Se intenta integrar en lo posible respetando la esencia misma de esa cultura complementaria, distinta, pero que será también la nuestra cuando se produzca la imbricación de todo el mestizaje.”[168]
“Los españoles no debemos renunciar a nuestra cultura, señor Fernández-Miranda, pero hay que tener los ojos abiertos a todos los aportes culturales. Esa síntesis es la que ustedes ven como muy peligrosa. Todos tenemos que ser críticos con las disfunciones de nuestra cultura y las propias de las culturas que han venido para quedarse, pero a la vez hay que mantener un espíritu abierto, constructivo, ya que tenemos que aprender. Lo diferente no tiene que ser absorbido, no tiene que ser metido en un proceso de desaparición.”[169]
También se encuentran aquellas posturas que abogarían por un respeto total a las diferentes formas culturales en lo que sí se podría calificar como modelo multicultural —siguiendo la definición de Sartori— y llegan a posicionarse contra la integración:
“Releía un libro que leí hace nueve o diez años, de Julia Kristeva, que se titula Extranjeros para nosotros mismos, que es un recorrido de la visión del extranjero en toda Europa, desde los griegos hasta Freud, que acaba diciendo: La inquietante extranjería de Freud concluye este recorrido sugiriendo una nueva ética respecto al extranjero. Se trata de no integrar al extranjero sino de respetar su deseo de vivir de un modo diferente, lo cual corresponde a nuestro derecho a la singularidad, la última consecuencia de los derechos y deberes humanos.”[170]
Las opiniones difieren y los temores, a veces, tienden a configurar discursos que manifiestan un claro miedo a los cambios que podrían introducir los nuevos miembros de la comunidad en la vida cotidiana de la sociedad española:
“Yo me pregunto qué ocurriría si una determinada cultura predominara algún día en algún municipio o zona concreta y los pertenecientes a ella quisieran hacer fiesta los viernes. Esto podría crear un rechazo en la sociedad y, por tanto, estas personas han de ser muy conscientes de que están en un país con otra cultura, con otras costumbres, etcétera. Hemos de respetarles en aquello que no ponga en peligro la cohesión social pero ellos también han de hacer lo mismo.”[171]
Finalmente quiero señalar la existencia de unas declaraciones del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, que introducen un punto de vista distinto a los anteriormente citados:
“(…) la reflexión que hacen mis colegas de toda Europa es que el esfuerzo de integración no puede ser unidireccional o unilateral; los esfuerzos de integración, evidentemente, sólo operan cuando ambas partes se aproximan; no por aproximación de una, y ésa también es una regla que parece bastante clara.”[172]
En estas declaraciones el ministro da un giro a lo que en la mayoría de los partidos políticos significa integración. Integración pasa, de ser un «movimiento de aproximación» de la población inmigrante en pos de incorporarse a la comunidad autóctona, un movimiento único por el que la sociedad de acogida permanece inalterada mientras la nueva población cambia para incorporarse; a ser un «movimiento» conjunto de aproximación entre la nueva población y la comunidad de acogida: un «movimiento» de reconocimiento mutuo, a partir del respeto, de cambio mutuo, capaz de llevar a una convivencia en común. Ninguna de las otras declaraciones del Partido Popular, ni del Gobierno, introducen este nuevo punto de vista. El mismo Ministro de Trabajo, en otras de sus declaraciones, parece contradecir esta nueva visión sobre la cuestión de la integración.[173] En realidad, la postura más cercana a este punto de vista, que aboga por una aproximación mutua que lleve a la constitución de una nueva sociedad «mestiza», es la que expresaba el diputado de Izquierda Unida, Alcaraz Masats. Pero, en definitiva, es una postura extraña dentro del discurso político sobre el tema de la integración. Es extraña por cuanto es la única que aboga claramente por un nuevo modelo social como resultado de la presencia de una nueva población en el Estado. Que aboga por un nuevo modelo social y que éste es estructurado —quizás aún de una manera un tanto vaga o tímida— de forma concreta sobre el concepto de «mestizaje».
8. Conclusión: En pos de un nuevo consenso
“(…), aquellos a quienes se les llena la boca hablando de la eficacia del Estado de Derecho tienen que saber, de una vez, que los valores de igualdad y de no discriminación que inspiran el sistema democrático cuestan necesariamente muchos dolores de cabeza, mucho trabajo y esfuerzo ingrato a los poderes públicos, lo que define la nobleza y alta estima de su misión ante la ciudadanía. Por el contrario, el talante antidemocrático se demuestra con la exclusión social y la simplificación o anulación de tales valores. Se controla mejor, evidentemente, si se limitan las libertades.”[174]
“(…), además de los derechos de asociación, reunión, manifestación, tan controvertidos y de los cuales llevamos ya varias horas hablando, también existe el derecho al sufragio. ¿Y esto qué quiere decir? Si el derecho al sufragio no se desarrolla en una ley posterior, ya puede estar reconocido y puede existir, haya ley o no haya ley, que no hay forma de ejercerlo. ¿Y esto qué significa, que los que no tienen esos derechos no son personas? Entonces, señorías, ¿qué son los cubanos? Creo que no debemos llevar la reflexión tan allá.”[175]
Desde que a mediados de noviembre de 1999 el Partido Popular decidiera colocarse al margen del trabajo consensuado de la Comisión parlamentaria que estuvo elaborando la Proposición de Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, la que luego sería Ley Orgánica 4/2000, este partido político ha marcado el ritmo del debate alrededor de la política de inmigración. Las posiciones expuestas por él han dado origen a las distintas discusiones en torno a la forma de regular la presencia de inmigrantes en el estado español. El Partido Popular abrió el debate en torno al reconocimiento de los derechos a los inmigrantes por su deseo de recortarlos. Introdujo igualmente la cuestión del «efecto llamada» y fue el grupo que convirtió el «control de flujos» en la cuestión principal de cualquier política de inmigración que se deseara llevar a cabo. Asimismo, es el grupo que comenzó a cuestionar la validez del modelo multicultural —hemos visto lo que significaba multicultural para el Partido Popular y el Gobierno—, acentuando el debate en torno al modelo de integración que se deseaba aplicar. De forma similar, es el grupo político que más ha vinculado inmigración e inseguridad ciudadana, inmigración y delincuencia, y, siguiendo esa vinculación, ha colocado la lucha contra la inmigración «irregular» en el primer puesto de sus prioridades.
Desde mi punto de vista, los demás grupos parlamentarios han permanecido siempre en un segundo plano a la hora de plantear las cuestiones principales que afectan al fenómeno de la inmigración. Su posición ha consistido, en prácticamente todos los casos, en responder a las cuestiones planteadas desde el Partido Popular y el Gobierno. Estos grupos parlamentarios se han limitado, lo cual no es poco, a criticar las posturas del Partido Popular y el Gobierno, pero, a la misma vez, han sufrido de una falta de iniciativa en lo que a la presentación de políticas alternativas se refiere.
En la cuestión del reconocimiento de los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los inmigrantes «irregulares», es en la que los grupos de la Oposición sí han mantenido una postura clara alternativa a la del Gobierno y el Partido Popular. Su posición ha sido clara en cuanto a la necesidad de reconocer esos derechos por la necesidad de ser consecuentes con los valores democráticos y para favorecer la integración. Sin embargo, aunque esta postura se planteó como necesaria para ser consecuentes con la Democracia, tuvo poco éxito entre los votantes en el momento de las elecciones generales de marzo de 2000. Los partidos de la oposición no vieron premiada en forma de votos su postura en favor de extender la Democracia a los inmigrantes «irregulares». En un momento en el que el tema de la inmigración preocupaba mucho a la población, a poco más de un mes de los acontecimientos de El Ejido, el fracaso del PSOE y, sobre todo, de Izquierda Unida, en esas elecciones, la mayoría absoluta conseguida por el Partido Popular, evidenciaban que el discurso en favor de los derechos de los «irregulares» no tenía mucho apoyo entre la población nacional.
El miedo a la «avalancha» de inmigrantes producida por el «efecto llamada» fue fácilmente explotado por el Partido Popular para legitimar la reforma de la LO 4/2000. Hemos visto que la única respuesta que dieron los grupos de la Oposición a este alarmismo fue la negación de la existencia del «efecto llamada». Pero hemos visto también que la negación del «efecto llamada» no se siguió de una tendencia discursiva pedagógica tendente a informar a la población del verdadero carácter de la llegada de inmigrantes a España. Esperar que la simple negación del «efecto llamada» llevara a cambiar el sentimiento de miedo creado en la población suponía esperar una previa disposición de la población a creer las palabras de uno y no las del otro. Cabe pensar, en este sentido, que los partidos de la Oposición han tenido más fe en la innata tolerancia de la población española, en la ausencia de xenofobia en la mayor parte de ella, y que, sin embargo, el Partido Popular y el Gobierno, a pesar de que nunca lo han manifestado así —saben que a nadie le gusta que le llamen xenófobo—, han contemplado a la sociedad española como una sociedad que tiende a rechazar la presencia visible de extranjeros, han sabido recoger la xenofobia existente entre la población y explotarla en forma de política de inmigración. Desde mi punto de vista, a partir del análisis del discurso del Partido Popular, ésta es la imagen de la población española que se desprende: una población xenófoba. Más xenófoba cuantos más inmigrantes. Y cuando el Partido Popular maneja planteamientos como los que reivindican medidas de contención contra la inmigración con el objeto de frenar posturas abiertamente xenófobas, está, implícitamente, manteniendo que el rechazo es natural, justo, siempre y cuando no se torne violento —lo cual no está bien visto. El rechazo debe ser moderado, ajustado, a través de las leyes—.
Los partidos de la Oposición han llamado a la tolerancia esperando que el auditorio fuera receptivo al mensaje, cosa que no ha ocurrido. Han llamado a la tolerancia pero no han sabido transmitir con firmeza los motivos para ser tolerante. Por ejemplo, en lo que se refiere a la vinculación entre inmigración e inseguridad, su postura ha sido equívoca. En la mayor parte de los casos no han sabido destruir esta vinculación creada por el Partido Popular. Incluso, en el caso del PSOE, como hemos visto, ha llegado a reivindicar que si la inmigración «irregular» es un problema para la seguridad, entonces es obligación del Gobierno acabar con ella. Con ello no ha hecho sino legitimar ciertas posturas del Gobierno ante la inmigración. Se ha acusado al Gobierno de «mandar un mensaje» que podía aumentar la xenofobia entre la población, pero, sin embargo, no se ha sabido romper esa vinculación discursiva entre inmigración «irregular» y delincuencia, con lo que la población puede haber considerado esa vinculación como algo indiscutible.
En cuanto a las posturas mantenidas por unos y otros en cuanto a lo que afecta la inmigración al mercado laboral y a la economía. Todos los grupos han coincidido, en general, en resaltar los beneficios que la presencia inmigrante en España supone para la economía y que esa presencia debía regularse atendiendo a las necesidades del mercado laboral español. Por otro lado, como vimos, mientras algunos diputados —sobre todo del PNV e Izquierda Unida— se resistían a vincular de esa manera esas dos cuestiones, no se planteaban políticas alternativas para la regulación de las entradas. De igual forma, ningún grupo se negó a primar las necesidades de trabajo de los españoles por delante de las de los extranjeros. Con todo ello, la política de inmigración se vinculaba, sin prácticamente discusión alguna, a las necesidades de mano de obra de la economía española, a la vez que se protegía de la presencia inmigrante el acceso de los españoles al mercado laboral. A partir de ahí, se evidencia que la imagen que se tiene de la inmigración es la imagen de un fenómeno querido y temido a la vez: querido por lo que supone de crecimiento económico, temido por lo que puede suponer para la convivencia, para las relaciones con la población autóctona, lo que ha dado lugar a actitudes proteccionistas.
La convivencia entre la población autóctona y la nueva población en el discurso de los partidos políticos, a parte de discusiones ficticias acerca del modelo de convivencia, se ha basado en dos premisas prácticamente indiscutibles: primero, que la población española es tolerante, que las tendencias xenófobas o de rechazo por razones de origen, religión o raza son aisladas, y que por tanto está abierta a la presencia de una nueva población de origen distinto[176], y, segundo, que es la nueva población la que debe adaptarse a la sociedad de acogida. Como vimos, en la documentación examinada sólo he encontrado una postura diferente, alternativa, la del diputado Alcaraz Masats de Izquierda Unida, que abogaba por el “mestizaje” como modelo de convivencia.
Así, se puede considerar que el discurso de la Oposición es un discurso marcado por la contradicción: quiere ver una sociedad española tolerante, receptiva a la presencia inmigrante, pero, a la misma vez denota signos de temor y a veces los deja traslucir en su discurso e, incluso, propone medidas guiadas por estos sentimientos. El discurso del Gobierno, aunque esté lleno de referencias a las bondades de la sociedad española, su tolerancia y magnanimidad, está guiado por una visión distinta, fundada en el temor, y argumentativamente estructurado perfectamente sobre ese temor. Si cabe encontrar contradicciones en este discurso se encuentran al relacionar sus argumentaciones con esas constantes referencias a la tolerancia innata de la sociedad española. Por lo demás es un discurso construido sobre la base de, por un lado, nociones proteccionistas, de nociones negativamente estereotipadas sobre el extranjero, de rechazo hacia la nueva población, y, por otro, de nociones positivamente estereotipadas de la población autóctona y su cultura. A partir de esa base surge un discurso bien estructurado, homogéneo, disciplinado, y argumentativamente sólido. Es un discurso guiado por el nacionalismo, por el deseo de una España homogénea culturalmente que debe ser protegida de los peligros externos que puedan dar lugar a un cambio en su estable constitución. Son muy reveladoras, a este respecto, las posturas defendidas acerca de la participación política de los inmigrantes.
Para el Partido Popular la vinculación entre nacionalidad y ciudadanía es justa[177], la comunidad política que forma el estado democrático debe ser, a su vez, una comunidad nacional. La única manera de entrar a formar parte de esa comunidad política es adquiriendo la nacionalidad. Ciudadanía y nacionalidad son principios indisolubles. Todos los miembros de la nación, en tanto ciudadanos, son, pues, iguales. No es posible la igualdad fuera de esos principios. Y, atendiendo a la Constitución, es justo que así sea:
“Ya desde 1984 el Tribunal Constitucional ha entendido que la desigualdad de trato entre extranjeros y españoles resulta constitucionalmente admisible, o incluso que el propio planteamiento de una cuestión de igualdad entre extranjeros y españoles está constitucionalmente excluido.”[178]
¿Qué pide entonces el Partido Popular cuando se habla de que los extranjeros deben integrarse o ser integrados? Cuando la comunidad se construye alrededor del concepto de nacionalidad, la inclusión en ella de miembros sin esa nacionalidad no es posible. ¿Qué se pide entonces cuando se habla de integración? Para entenderlo basta con hacer un repaso a todo lo apuntado durante el trabajo:
La inmigración supone un problema para el Gobierno. Supone un problema por cuanto pone en duda la propia constitución de la comunidad nacional. Que este problema sea administrado de la forma más «prudente» posible depende de que la presencia de los inmigrantes se reduzca al papel por el que son necesarios: por su capacidad de trabajo. Para ello habrá que regular su entrada para que ésta se adecúe a las necesidades de mano de obra. Que su presencia nunca exceda las necesidades económicas del estado, ya que por ningún otro concepto se contempla como necesaria esta presencia. Los inmigrantes que no deseen adecuarse a esta regulación serán objeto de persecución. Podrán incorporarse a un mercado laboral sumergido, podrán ganarse la vida, pero cualquier otro aspecto de su presencia en el estado, según su cariz —según si esos otros aspectos se consideran o no peligrosos—, será perseguido o, simplemente, ignorado. Esta ignorancia será promovida por cuanto esa presencia «irregular» podrá, llegado el caso, ser utilizada para ser culpabilizada por posibles «desajustes» producidos en el sistema y así justificar su persecución.
Aquellos «regulares» que por alguna razón deseen entrar a formar parte de la comunidad política verán frustrado su deseo siempre y cuando no acepten cambiar su nacionalidad. De otra forma se pondría en duda el principio mismo de que la comunidad política debe ser, a su vez, una comunidad nacional. Mientras tanto, su marginación política será total. No podrán nunca participar en la promulgación de las normas que, sin embargo, se ven obligados a aceptar. Cualquier atisbo de protesta por el hecho de esta marginación en la constitución social, cualquier duda arrojada sobre esa constitución, será achacada a una falta de integración[179]. La integración, más bien la falta de integración, en realidad no es más que una herramienta dialéctica por la cual poder justificar la marginación política: son marginados políticamente porque no se integran, no son como «nosotros».
La realidad es todo lo contrario: no puede hablarse de integración si no hay antes una inclusión en la comunidad política. Hablar de integración mientras no se reconocen los derechos políticos de los inmigrantes constituye un caso claro de cinismo. Y esto es así porque si no se reconocen los derechos políticos es porque no se considera que los inmigrantes formen parte de la comunidad. En democracia la comunidad es soberana, es la que, por medio de sus representantes, establece las normas de convivencia. Si no se permite que los inmigrantes participen en el establecimiento de esas normas es porque no se les considera parte del demos. ¿Cómo, entonces, se les pide que deben integrarse? ¿En qué comunidad deben integrarse? En realidad se les cierra la posibilidad de entrar a formar parte de la comunidad. Se les niega la posibilidad de la integración y, a la vez, se les dice que es por esta falta de integración por lo que no son incluidos en la comunidad política.
Esta marginación política de los extranjeros supone un principio constitucional sobre el que el Partido Popular se ha escudado para mantener su postura —es el único partido que no se ha mostrado interesado por avanzar hacia la reforma constitucional con el objeto de incluir a los extranjeros en la comunidad política, integrar realmente. A este respecto la Oposición ha mantenido una postura claramente alternativa, siguiendo su postura en pos de la extensión de la Democracia a la nueva población[180]—, en una ya típica actitud de éste grupo parlamentario por la que se tiende a ir sacralizando el texto constitucional. En realidad, esta actitud, lo que evidencia es una falta de voluntad por el cambio derivada de una visión general de la Democracia por la cual ésta debe supeditarse a un principio general de mayor importancia, la nacionalidad. Este principio, lejos de constituir un principio de mera identidad colectiva, al ser asociado al de ciudadanía, viene a ser sinónimo del reconocimiento de una serie de derechos, los cuales son indisolubles de esta identificación nacional. Dentro de ella rige el principio de igualdad, fuera de ella es justo establecer diferenciaciones. Ser español significa ser partícipe de una serie de privilegios que no se tienen si no se pertenece a esta comunidad nacional. Los principios democráticos, lejos de ser universales, se universalizan o se restringen atendiendo a las necesidades nacionales, siempre que privilegios asociados a la nacionalidad estén protegidos. Cabe concluir que el lastre del Estado-nación desvirtúa la democracia por cuanto la vacía de contenido fuera de las fronteras de la nacionalidad. Es en este sentido en el que cabe entender las declaraciones de Rosa Vindel:
“(…), además de los derechos de asociación, reunión, manifestación, tan controvertidos y de los cuales llevamos ya varias horas hablando, también existe el derecho al sufragio. ¿Y esto qué quiere decir? Si el derecho al sufragio no se desarrolla en una ley posterior, ya puede estar reconocido y puede existir, haya ley o no haya ley, que no hay forma de ejercerlo. ¿Y esto qué significa, que los que no tienen esos derechos no son personas? Entonces, señorías, ¿qué son los cubanos? Creo que no debemos llevar la reflexión tan allá.”[181]
Evidentemente, carecer de esos derechos no implica dejar de ser personas, implica dejar de vivir en Democracia. El pueblo cubano, un pueblo que vive en dictadura desde hace décadas, que evidentemente sigue estando constituido por personas a pesar del régimen político en el que viven, puesto como ejemplo de lo que debe ser la presencia de los inmigrantes en el estado español ilustra el hecho de que para ellos se pretende diluir la Democracia, ya que, al fin y al cabo, ésta solo existe justamente para los nacionales.
Se puede argumentar que para evitar este estado de marginación política los inmigrantes no tienen más que adquirir la nacionalidad. Que ésta, lejos de constituir un principio de identificación colectiva, sigue siendo un mero trámite administrativo, el cual no implica tal identificación. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué este trámite es necesario? La única función que cumple este rito es una función simbólica, se convierte —sobre todo por la creciente presencia de extranjeros— en un nuevo ritual de paso. Se contempla como un rito necesario por cuanto simboliza eso que el nacionalismo español defiende como indiscutible: que fuera de la nacionalidad no se justifica el reconocimiento de la participación política, no se justifica el reconocimiento de los nuevos pobladores como parte de la comunidad. Es necesario porque mantiene con significado el símbolo nacionalista de que ser español tiene sus ventajas, que ser español lo hace a uno diferente. Es el último reducto de la identidad nacional. Es la única construcción que mantiene artificialmente, al asociar a ella unos derechos, la necesidad de la permanencia de esa identidad.
Sabemos cuál es el origen del Estado-nación[182]: amplios procesos de homogeneización étnica, de persecución religiosa e ideológica, genocidios, la idea de que a un estado corresponde una identidad nacional. Siguiendo esa lógica, desde el estado-nación, los procesos de inmigración sólo se han sabido administrar de forma que se pueda mantener, al menos, una mayoritaria, o, en su defecto, hegemónica, capa social homogénea étnicamente que «ate y desate» los asuntos de estado. Así, en el Estado-nación, segregación —llámese multiculturalismo, si se quiere— y/o asimilación de los inmigrantes han sido los únicos modos de enfrentarse a esta presencia. Cabe preguntarse si un modelo estatal tal puede ser válido en Democracia. Si todos los hombres son iguales en derechos y dignidad, la etnificación del estado no tiene sentido. Sin embargo, desde el grupo mayoritario en el Parlamento se mantienen posturas nacionalistas de este tipo.
Diluir la Democracia en favor de los intereses nacionales, en favor de la identidad nacional, puede tener sus beneficios cuando la comunidad política, los votantes, se identifican con esos intereses y con esa identidad. La postura que mantiene le permite al Partido Popular aparecer como el adalid de los intereses nacionales. Aparece como el salvador ante quienes los ponen en peligro. El discurso que se reproduce durante esos meses que hemos repasado profundiza en ese papel: el peligro, los intereses nacionales amenazados, el conflicto social, el descontrol, la avalancha de inmigrantes, el «efecto llamada». Todo ello se contempla como una especie de traición a los intereses vitales del estado protagonizada por los culpables de la tramitación de la LO 4/2000, que, en cierto modo, son los que llaman a la invasión, los irresponsables, si no los traidores. De ahí el relativo poco éxito del discurso de los partidos de la Oposición contrarios a las medidas propuestas por el Gobierno y el Partido Popular.
Por todo ello, previo a cualquier intento de inscribir la presencia inmigrante en un contexto de convivencia democrática, se evidencia la necesidad de profundizar en la democratización de la sociedad y del sistema político españoles. Se evidencia la necesidad de un mayor dinamismo en el proceso de evolución del sistema democrático. Se evidencia, finalmente, que la persistencia de la etnificación del Estado, de la confusión entre ciudadanía y nacionalidad, hará imposible la constitución de una verdadera comunidad que incluya a los inmigrantes.
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Notas:
[1] Celaya, Carlos: “La inmigración en el discurso esquivo de los partidos políticos”, en AWRAQ, vol. XIV (1993), pp. 227-250.
[2] Ibídem.
[3] El Mundo, 17 de noviembre de 1999.
[4] Se ha argumentado que este cambio se produjo por presiones desde el Ministerio del Interior, que abogaba por una ley más restrictiva y centrada en el control fronterizo, y, de forma secundaria, desde los Ministerios de Economía y Exteriores (ver El Mundo, 17 de noviembre de 1999). Así, el ministro Mayor Oreja, durante esos meses, se convirtió en la principal voz contraria a la promulgación de la Proposición de Ley. En declaraciones a Telecinco declaraba: “Lo que yo digo es que no hagamos insensateces, que actuemos con especial prudencia. Alejémonos de posiciones utópicas que coloquen a España en la vanguardia de la inmigración, (…)” (El Mundo, 18 de noviembre de 1999).
[5] Diario de Sesiones. Pleno del Senado de 16 de diciembre de 1999. Dictamen de la Comisión Constitucional con relación a la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, pp. 7613-7614.
[6] El Mundo, 9 de diciembre de 1999.
[7] El Mundo, 8 de febrero de 2000: “Piqué culpa de los sucesos a la nueva Ley de Extranjería”; El País, 10 de febrero de 2000: “Matutes achaca los incidentes de Almería al aumento de los inmigrantes clandestinos. (…) Matutes volvió a insistir en la necesidad de reformar la Ley de Extranjería.”
[8] Se refiere al supuesto de que existe un límite de tolerancia hacia la presencia extranjera a partir del cual se produce el rechazo de la población autóctona.
[9] “El fenómeno de la inmigración exige una política de Estado. Queremos desarrollarla con el máximo de acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias. Debe ser una política congruente con los compromisos y responsabilidades que hemos asumido en la Unión Europea en el Consejo de Tampere. Esos compromisos nos exigen desarrollar una acción basada en los criterios que se enuncian a continuación y que obligan a una adaptación normativa a los mismos de la llamada ley de extranjería recientemente aprobada.”, (Programa electoral del Partido Popular 2000, en www.pp.es/popular/pro-ele-pp.pdf).
[10] Ver notas de prensa del Partido Popular de los días 06.05.2000: “Rafael Hernando afirma que la nueva Ley de Extranjería está provocando un «efecto llamada»”; 10.05.2000: “El PP cree que es urgente reformar la Ley de Extranjería” y 26.06.2000: “Hernando asegura que la reforma de la ley de Extranjería favorecerá la inmigración.” (Todas en www.pp.es). También: La Estrella Digital, 17 de mayo de 2000: “Mayor Oreja advierte de los riesgos del ‘efecto llamada’ provocado por la Ley de Extranjería. Fernández Miranda anuncia que su Departamento de Inmigración aplicará una política de Gobierno adaptada a las normas de la UE.” La Estrella Digital, 26 de mayo de 2000: “El Gobierno prefiere aprobar la Ley de Extranjería antes que los presupuestos. Fernández Miranda reitera que la actual normativa ha favorecido la llegada de inmigrantes ilegales. El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, consideró ayer que «lo razonable» sería que la reforma de la actual ley de Extranjería se llevara a cabo entre octubre y noviembre, antes de aprobar los próximos presupuestos.”
[11] El País, 16 de junio de 2000: “Sindicatos y oposición descalifican la reforma por «regresiva». El PSOE considera el proyecto impropio de un país democrático, e IU, que casi lleva a la esclavitud.”
[12] En www.psoe.es, 01.09.2000: “Bases para un Pacto de Estado sobre inmigración.”
[13] Discurso de José María Aznar en Quintanilla de Onésimo, 29 de agosto de 2001.
[14] “Inmigración: la vuelta atrás. Reforma de la Ley 4/2000 que propone el partido popular (valoración del Área Federal de Migraciones de IU).” En www.iu.es, 20 de junio de 2000; Rumí, Consuelo: “España 2001: sin política migratoria”, en El País, 27 de enero de 2001; López Garrido, Diego: “La ley de las «no personas»”, en El País, 23 de enero de 2001.
[15] El País, 21 de agosto de 2001: “El Gobierno atribuye el «desbarajuste» de la inmigración a la anterior Ley de Extranjería.”
[16] Ver Martín Rojo, Luisa: “Spain, Outer Wall of the European Fortress. Analysis of the Parliamentary Debates on the Immigration Policy in Spain”, en Van Dijk, Teun A. y Wodak, Ruth (eds.): Racism at the Top. Parliamentary Discourses on Ethnic Issues in Six European States, Ministerio Federal Austríaco de Educación, Ciencia y Cultura, 2000, pp.169-220;
Van Dijk, Teun A.: “Critical Discourse Analysis”, enero de 1998, en http://www.hum.uva.nl/teun.
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[17] Uría Etxebarría (PNV), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1434.
[18] Vindel López (PP), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 14 de diciembre de 2000. “Dictamen de la Comisión Constitucional en relación al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1537.
[19] Compuesto principalmente en el Congreso por Iniciativa per Catalunya-Els Verds; Bloque Nacionalista Gallego; Partido Aragonista; y Eusko Alkartasuna.
[20] Una actitud que les llevó, por un lado, durante la tramitación de la LO 4/2000, a intentar llegar a un acuerdo con el PP que no se consiguió, y, por otro, durante la tramitación de la LO 8/2000, a presentar enmiendas en contra de la negación de los derechos en cuestión, mientras aceptaban el resto de la Ley.
[21] Rivadulla Gracia (Iniciativa per Catalunya-Els Verds), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional. 10 de noviembre de 1999. “Estudio de la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”, p.23694.
[22] Celaya, Carlos: “La vuelta a los desprecios. Algunas consideraciones sobre la xenofobia en la España de los noventa”, en López, B. (y otros): Inmigración magrebí en España. El retorno de los moriscos, Madrid, 1993, pp. 305-328.
[23] Castellano Cadalliaguet (Izquierda Unida), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 16 de junio de 1998. “Proposiciones de Ley de Convergència i Unió, Izquierda Unida y Grupo Mixto de reforma de la LO 7/1985”, p. 9047.
[24] Jordano Salinas (Partido Popular), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 16 de junio de 1998. “Proposiciones de Ley de Convergència i Unió, Izquierda Unida y Grupo Mixto de reforma de la LO 7/1985”, p. 9053.
[25] Jordano Salinas (Partido Popular), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional. 10 de noviembre de 1999. “Estudio de la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”, p. 23701.
[26] LO 4/2000, Art. 53.1. Las conductas consideradas “muy graves” son las contempladas en el artículo 50: “participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o realizar cualquier tipo de actividades que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países”; “participar en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana”; participar en las llamadas «mafias de la inmigración»; la “discriminación por motivos raciales, nacionales o religiosos”; “la contratación o utilización habitual de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización para contratarlos; y la “comisión de una tercera infracción grave” de la misma naturaleza durante dos años. Igualmente, como infracciones graves que se sancionan con expulsión se contemplaban en el artículo 49: “la entrada en territorio español careciendo de la documentación o de los requisitos exigibles, por lugares que no sean los pasos habilitados o contraviniendo las prohibiciones de entrada legalmente previstos; “el incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de residencia obligatoria”; y la participación “en la realización de actividades ilegales.”
[27] Ver en la Introducción notas 7 y 8.
[28] El Mundo, 18 de noviembre de 1999: “Mayor Oreja critica la Ley de Extranjería y pide que no se hagan «insensateces».”
[29] Con motivo de la tramitación de la posterior reforma de la ley, será el ministro Mayor Oreja quien defienda en el Pleno de 5 de octubre de 2000 la Proposición de Ley del Gobierno.
[30] Terminaría por dejar su escaño. Con él desaparecieron también Amalia Gómez y Manuel Pimentel, secretaria y ministro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, firmes defensores de la LO 4/2000.
[31] De Grandes Pascual (Partido Popular), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 25 de noviembre de 1999. “Dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el Proyecto de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, pp. 14961-14962.
[32] En el mes de marzo siguiente tendrían lugar las Elecciones Generales.
[33] Merino Delgado (Partido Popular), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 16 de diciembre de 1999. “Dictamen de la Comisión Constitucional con relación a la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, pp. 7609 y 7619.
[34] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, p. 13838.
[35] Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999. Conclusiones de la Presidencia. Se puede consultar en http://www.europarl.eu.int/summits/tam_es.htm (página consultada el 31 de mayo de 2002).
[36] El Mundo, 19 de noviembre de 1999: “Mayor dice que la suya es la posición oficial del Gobierno.”
[37] Carles Campuzano (CIU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 25 de noviembre de 1999. “Dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 14960.
[38] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 25 de noviembre de 1999. “Dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 14953.
[39]De Grandes Pascual (Partido Popular), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 25 de noviembre de 1999. “Dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 14961.
[40] Merino Delgado (PP), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 16 de diciembre de 1999. “Dictamen de la Comisión Constitucional con relación a la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 7627.
[41] Ibídem, p. 7610.
[42] Sobre la identificación entre «irregular» y delincuente ver más adelante capítulo IV.
[43] Es difícil resistirse a establecer una comparación con el siglo XIX. En gran parte de este siglo el reconocimiento de derechos, como el de sufragio, también se condicionaba a la posesión de un determinado nivel de renta o al pago de impuestos. Ver, por ejemplo, el Real Decreto de 1836 para la elección de procuradores a las Cortes Generales del Reino, o el Proyecto de Ley para las elecciones de los diputados a Cortes de 2 de diciembre de 1852 (Proyecto de Bravo Murillo), o la Ley Electoral de 28 de diciembre de 1878. (Todos esos textos legales se pueden consultar en: Tierno Galván, Enrique: Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1978), Madrid, Tecnos, 1984).
[44] Merino Delgado (PP), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 16 de diciembre de 1999. “Dictamen de la Comisión Constitucional con relación a la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 7618.
[45] El País, 16 de junio de 2000: “Fernández-Miranda rechazó asimismo las acusaciones de que el borrador incurre en la vulneración de determinados derechos sociales. De este modo, afirmó con rotundidad que «la reforma de la Ley de Extranjería no recorta ningún derecho fundamental», y argumentó que «se mantiene el derecho a la vida como derecho fundamental». De ahí, argumentó, la insistencia del Gobierno en el control de las fronteras y en la erradicación de las mafias, «que sí vulneran tales derechos».”
[46] Mayor Oreja (Ministro del Interior), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1426.
[47] Por ejemplo Videl López (PP), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Constitucional. 7 de diciembre de 2000. “Dictamen sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 18; y Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 14 de diciembre de 2000. “Dictamen de la Comisión Constitucional en relación al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1529.
[48] Artículos 7, 8 y 11 de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Publicada en el BOE de 23 de diciembre de 2000.
[49] Aragón, Manuel: “¿Es constitucional la nueva ley de extranjería?”, en Claves de Razón Práctica, nº 112, pp. 11-17.
[50] Vindel López (PP), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Constitucional. 7 de diciembre de 2000. “Dictamen sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, pp. 7-8.
[51] Discurso del presidente José María Aznar en el congreso de Nuevas Generaciones del PP, 21 de enero del 2001, en www.pp.es
[52] En el artículo 55.1 de la Constitución española de 1978 se señala que podrán ser suspendidos los derechos de reunión y huelga, entre otros, en caso de declararse el estado de excepción.
[53] De Grandes Pascual (Partido Popular), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 22 de diciembre de 1999. “Debate sobre la Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 15269.
[54] Uría Etxebarría (PNV), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 24 de noviembre de 2000. “Dictamen de la comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 2138.
[55] Castellano Cardalliaguet (IU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 25 de noviembre de 1999. “Dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 14952.
[56] Mardones Sevilla (CC), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 22 de diciembre de 1999. “Debate sobre la Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 15258.
[57] Uría Etxebarría (PNV), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1434.
[58] Castellano Cardalliaguet (IU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 22 de diciembre de 1999. “Debate sobre la Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 15262.
[59] López Garrido (Grupo Mixto, Nueva Izquierda), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 25 de noviembre de 1999. “Dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 14948.
[60] Ver supra nota 19.
[61] López Garrido (PSOE), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional. 6 de noviembre de 2000. “Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 2630.
[62] Diario de Sesiones del Senado. Comisión especial sobre la inmigración y la extranjería. 18 de febrero de 2002. “Comparecencia de Mikel Azurmendi”, p. 25.
[63] Fernández-Miranda, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, p. 13838.
[64] Lasagabaster Olazábal (Grupo Mixto, Eusko Alkartasuna), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1429.
[65] Mayor Oreja (Ministro del Interior), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1426.
[66] De Grandes Pascual (PP), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 25 de noviembre de 1999. “Dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 14962.
[67] Bonilla Domínguez (PP), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Constitucional. 7 de diciembre de 2000. “Dictamen sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 19; donde se repite casi de forma textual de la intervención del ministro Mayor Oreja en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1426.
[68] De Grandes Pascual (PP), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 22 de diciembre de 1999. “Debate sobre la Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 15267.
[69] Entrevista a José María Aznar en Antena 3, 9 de enero de 2001, en www.la-mocloa.es
[70] El Mundo, 17 de noviembre de 1999.
[71] El Mundo, 19 de noviembre de 1999.
[72] Muñoz Uriol (PP), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 24 de noviembre de 2000. “Dictamen de la comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 2149.
[73] Rajoy Brey (Ministro del Interior), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 28 de junio de 2001. “Comparecencia del Ministro del Interior (Mariano Rajoy Brey)”, p. 8538.
[74] Discurso del presidente José María Aznar en el congreso de Nuevas Generaciones del PP, 21 de enero del 2001, en www.pp.es
[75] Es curioso cómo la llegada de inmigrantes «irregulares» a España se ha identificado casi exclusivamente con la llegada de «pateras», ignorando de forma sistemática cualquier otro modo de entrada. Se podría preguntar hasta qué punto esto no ha revertido en una identificación entre inmigrante de origen africano e inmigrante «ilegal».
[76] Declaraciones de Enrique Fernández-Miranda a la Cadena COPE, recogidas por El País, 21 de agosto de 2001.
[77] Frutos Gras (IU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1435.
[78] Aunque la degradación económica de los países de origen de la migración sí es cuantificable y se sabe que ésta ha aumentado durante los últimos años, no se ha establecido que ello conlleve como consecuencia la emigración. En muchos países la pobreza no implica la emigración y por lo tanto no se puede establecer una relación directa de causa-efecto entre esos factores de pobreza y migración.
[79] Alcaraz Masats (IU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 27 de junio de 2001. “Debate sobre el estado de la nación (continuación)”, p. 4730.
[80] Fernández-Miranda (Delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, p. 13838.
[81] Rivero Baute (Coalición Canaria), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1437.
[82] Uría Etxebarría (PNV), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1432.
[83] Caldera Sánchez-Capitán (PSOE), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1442.
[84] Campuzano i Canadés (CIU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, pp. 1439-1440.
[85] Fernández-Miranda (Delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, p. 13817.
[86] Muñoz Uriol (PP), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional. 6 de noviembre de 2000. “Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 2649.
[87] Entrevista a José María Aznar en Antena 3, 9 de enero de 2001, en www.la-mocloa.es
[88] Discurso del presidente José María Aznar en el congreso de Nuevas Generaciones del PP, 21 de enero del 2001, en www.pp.es
[89] Rumí, Consuelo: “Inmigrantes: las fronteras del porvenir”, en El Mundo, 21 de octubre de 2000.
[90] Campuzano i Canadés (CIU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 28 de diciembre de 2000. “Aprobación del informe de estudio del programa global en materia de extranjería”, p. 3958.
[91] Ríos Pérez (Coalición Canaria), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 14 de diciembre de 2000. “Dictamen de la Comisión Constitucional en relación al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1531.
[92] Rumí, Consuelo: “Un horizonte de integración”, en Cambio 16, octubre de 2000.”
[93] López Garrido (PSOE), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional. 6 de noviembre de 2000. “Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 2646.
[94] Azurmendi (Presidente del Foro para la integración social de los inmigrantes), Diario de Sesiones del Senado. Comisión especial sobre la inmigración y la extranjería. 18 de febrero de 2002. “Comparecencia de Mikel Azurmendi”, p. 25.
[95] Rajoy Brey (Ministro del Interior), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 13 de diciembre de 2001. “Comparecencia del Ministro del Interior para informar sobre el incremento de inseguridad ciudadana que se ha producido en el primer semestre del año 2001”, p. 12880.
[96] Cámara Fernández (Izquierda Unida), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 14 de diciembre de 2000. “Dictamen de la Comisión Constitucional en relación al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1522.
[97] Mardones Sevilla (CC), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 22 de diciembre de 1999. “Debate sobre la Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 15258.
[98] Merino Delgado (PP), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 16 de diciembre de 1999. “Dictamen de la Comisión Constitucional con relación a la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 7627.
[99] Ver capítulo III, nota 6.
[100] Aparicio Pérez (Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, p. 16. Rajoy Brey (Ministro del Interior), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 13 de diciembre de 2001. “Comparecencia del Ministro del Interior para informar sobre el incremento de inseguridad ciudadana que se ha producido en el primer semestre del año 2001”, p. 12869.
[101] Entrevista a José María Aznar en La Razón, 12 de mayo de 2002.
[102] Aznar López (Presidente del Gobierno), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 26 de junio de 2001. “Debate sobre el estado de la nación”, p. 4624.
[103] Rajoy Brey (Ministro del Interior), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 28 de junio de 2001. “Comparecencia del Ministro del Interior (Mariano Rajoy Brey)”, pp. 8515-8516.
[104] Cámara Fernández (IU), Diario de Sesiones del Senado. Comisión especial sobre la inmigración y la extranjería. 18 de febrero de 2002. “Comparecencia de Mikel Azurmendi”, p. 20.
[105] Julios Reyes (CC), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 28 de diciembre de 2000. “Aprobación del informe de estudio del programa global en materia de extranjería”, p. 3950.
[106] López Garrido (PSOE), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 24 de noviembre de 2000. “Dictamen de la comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 2147.
[107] Castellano Cadalliaguet (IU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 25 de noviembre de 1999. “Dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 14953.
[108] Aznar López (Presidente del Gobierno), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, pleno de 20 de febrero de 2002.
[109] El País, 23 de abril de 2002.
[110] El País, 30 de abril de 2002.
[111] Ríos Pérez (CC), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, p. 8.
[112] López Garrido (PSOE), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 24 de noviembre de 2000. “Dictamen de la comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 2147.
[113] Discurso del presidente José María Aznar en el congreso de Nuevas Generaciones del PP, 21 de enero del 2001, en www.pp.es.
[114] Ver declaraciones de la diputada del PP Ángeles Muñoz Uriol en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 24 de noviembre de 2000. “Dictamen de la comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 2149.
[115] Rivero Baute (CC), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1437. Es una consideración que se recoge igualmente en el Programa Greco elaborado por el Gobierno en el epígrafe “sobre el control de flujos” III, 3.
[116] Julios Reyes (CC), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 28 de diciembre de 2000. “Aprobación del informe de estudio del programa global en materia de extranjería”, p. 3950.
[117] Ríos Pérez (CC), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, p. 8.
[118] Muñoz Uriol (PP), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 24 de noviembre de 2000. “Dictamen de la comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 2148.
[119] Rumí, Consuelo: “Inmigrantes: las fronteras del porvenir”, en El Mundo, 21 de octubre de 2000.
[120] Uría Etxebarría (PNV), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 28 de diciembre de 2000. “Aprobación del informe de estudio del programa global en materia de extranjería”, p. 3955.
[121] Cámara Fernández (IU), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Constitucional. 7 de diciembre de 2000. “Dictamen sobre el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, pp. 2-3.
[122] Cámara Fernández (IU), Diario de Sesiones del Senado. Comisión especial sobre la inmigración y la extranjería. 18 de febrero de 2002. “Comparecencia de Mikel Azurmendi”, p. 19.
[123] Ídem, p. 21.
[124] Mauricio Rodríguez (Coalición Canaria), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 26 de junio de 2001. “Debate sobre el estado de la nación”, p. 4687.
[125] Programa Greco, IV, 1.4, e).
[126] Cabría preguntarse hasta qué punto para el mercado laboral español, al menos para ciertos sectores de éste, no es contraproducente aumentar el nivel de vida del Sur, por cuanto ello daría lugar a una falta de mano de obra a bajo coste. Cabe preguntarse si no es este mismo razonamiento el que se hacen los dirigentes económicos de los países desarrollados cuando año tras año deciden rebajar el porcentaje del PIB destinado a ayuda oficial al desarrollo (AOD): según el CAD el porcentaje del PIB destinado a AOD por los 28 países más desarrollados bajó del 0.34% en 1990 al 0.24% en 1999 (PNUD: Informe sobre el desarrollo Humano 2001, p. 194).
[127] Azurmendi (Presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes), Diario de Sesiones del Senado. Comisión especial sobre la inmigración y la extranjería. 18 de febrero de 2002. “Comparecencia de Mikel Azurmendi”, p. 26.
[128] Uría Etxebarría (PNV), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1433.
[129] Ver Celaya, Carlos: “La vuelta a los desprecios. Algunas consideraciones sobre la xenofobia en la España de los noventa”, en López, Bernabé (y otros): Inmigración magrebí en España. El retorno de los moriscos, Madrid, 1993.
[130] El Mundo, 18 de diciembre de 1999.
[131] El Mundo, 8 de febrero de 2000; El País, 10 de febrero de 2000.
[132] Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: “Tabla I.13. Permisos de trabajo concedidos según sector de actividad, por comunidad autónoma y provincia del centro de trabajo. Año 1999”, en www.mtas.es/Estadisticas/PTE/PT1/i8.htm (página consultada el 31 de mayo de 2002).
[133] Sobre la agricultura en invernadero en la provincia de Almería ver: Delgado, Manuel y Moreno, Isidoro: “La agricultura intensiva almeriense: los límites del modelo”, en Le Monde Diplomatique. Edición Española, febrero de 2002).
[134] Sobre la situación de los inmigrantes ante el problema de la vivienda en El Ejido y otros lugares de España ver: Martinez, Ubaldo: Pobreza, segregación y exclusión espacial, Icaria, Barcelona, 1999.
[135] Por ejemplo: “En declaraciones a Servimedia, Antonio Oliver subrayó que los responsables del estallido de la violencia urbana desatada en la población almeriense «son ese grupo de magrebíes ilegales que no están controlados y que en su país de origen viven haciendo ese tipo de fechorías» (Servimedia, 8 de febrero de 2000).
[136] Entrevista a José María Aznar en Antena 3, 9 de enero de 2001, en www.la-mocloa.es
[137] Aznar (Presidente del Gobierno), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 26 de junio de 2001. “Debate sobre el estado de la nación”, p. 4624.
[138] Muñoz Uriol (PP), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 28 de diciembre de 2000. “Aprobación del informe de estudio del programa global en materia de extranjería”, p. 3965.
[139] Aparicio Pérez (Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, p. 16.
[140] Mardones Sevilla (CC), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional. 10 de noviembre de 1999. “Estudio de la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”, p. 23722.
[141] Sesmilo i Rius (CiU), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, pp. 9-10.
[142] Rivadulla Gracia (Iniciativa per Catalunya), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 22 de diciembre de 1999. “Debate sobre la Proposición de Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 15255.
[143] Alcaraz Masats (IU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, p. 13802.
[144] Durante los acontecimientos del Poniente de Almería los grupos de la Oposición, sobre todo Izquierda Unida y PSOE, achacaron al alcalde del PP de El Ejido haber provocado lo ocurrido. Estas acusaciones se hicieron extensivas al resto del PP a causa de que este grupo justificara la actuación del edil en cuestión. (Ver: La Voz de Almería, 8 de febrero de 2000; Servimedia, 7 de febrero de 2000: “Iniciativa pide la dimisión de Mayor Oreja”; Servimedia, 8 de febrero de 2000: “El Ejido. Rubalcaba: «Piqué se ha colocado en la extrema derecha con sus declaraciones sobre los enfrentamientos»”).
[145] Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1430.
[146] Sesmilo i Rius (CiU), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, pp. 9-10.
[147] Agüero Ruano (PP), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 18 de febrero de 2002. “Comparecencia de Mikel Azurmendi”, p. 24.
[148] Nótese que en esta pregunta, implícitamente, se sugiere que la inmigración puede suponer un principio de conflicto entre la población autóctona y la nueva población. Nótese que previo al establecimiento de una política tendente a integrar de alguna forma a la población inmigrante en la sociedad de acogida existe el temor a que esa nueva población dé origen a situaciones «desestabilizadoras» socialmente. Por ello cabe preguntarse si no existe en toda política de inmigración, en toda política de integración, un principio motor xenófobo que hace que tales políticas se consideren necesarias.
[149] Discurso de José María Aznar en la clausura del XIV congreso nacional del Partido Popular, Madrid, 27 de enero de 2002, en www.pp.es
[150] Azurmendi (Presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes), Diario de Sesiones del Senado. Comisión especial sobre la inmigración y la extranjería. 18 de febrero de 2002. “Comparecencia de Mikel Azurmendi”, p. 16.
[151] Cisneros Laborda (PP), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 27 de junio de 2001. “Debate sobre el estado de la nación (continuación)”, p. 4739. Ver también: Navarro de Paz (PP), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 5 de febrero de 2002. “Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que el Senado insta al Gobierno a desarrollar y poner en práctica, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, un plan específico tendente a sensibilizar a la población de la necesidad de desarrollar un modelo de educación intercultural en las escuelas”, p. 4416.
[152] Navarro de Paz (PP), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 5 de febrero de 2002. “Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que el Senado insta al Gobierno a desarrollar y poner en práctica, en colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, un plan específico tendente a sensibilizar a la población de la necesidad de desarrollar un modelo de educación intercultural en las escuelas”, p. 4416.
[153] Fernández-Miranda y Lozana (Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, pp. 13806-13807.
[154] Sartori, Giovanni: La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Madrid, Taurus, 2001.
[155] En realidad ésta es una interpretación «de buena fe» de las tesis de Sartori. Si tenemos una pizca de «mala leche» no se requiere mucha para llegar a esta conclusión se podrían interpretar como un simple intento por apuntalar las maltrechas identidades nacionales de las sociedades europeas occidentales a partir de la justificación del rechazo hacia quienes las ponen en peligro. De hecho, el mismo Sartori confiesa finalmente que este es su cometido: “(…) en Europa el problema en cambio es salvar la identidad del Estado-nación de una amenaza cultural externa, planteada por la llegada a casa de culturas profundamente extrañas. (…) En Europa, si la identidad de los huéspedes permanece intacta, entonces la identidad a salvar será, o llegará a ser, la de los anfitriones.” (Idídem, p. 130).
[156] Azurmendi (Presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes), Diario de Sesiones del Senado. Comisión especial sobre la inmigración y la extranjería. 18 de febrero de 2002. “Comparecencia de Mikel Azurmendi”, p. 27.
[157] Fernández-Miranda y Lozana (Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, pp. 13806-13807.
[158] Ídem.
[159] Trillo-Figueroa y Martínez-Conde (Ministro de Defensa), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 14 de marzo de 2002. “Debate sobre la reforma de la ley 17/1999”, p. 7387.
[160] Fernández-Miranda y Lozana (Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, p. 13816.
[161] En este proceso homogeneizador jugará un papel clave la educación. Así lo contempla el Programa Greco cuando considera la educación como una herramienta de “culturalización”: “Para que la educación se convierta en un mecanismo para la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad, se realizarán programas educativos específicos para los segmentos de población inmigrante para quienes el proceso de culturalización resulte más difícil de llevar a cabo.” (Programa Greco, IV, 2.1, b).
[162] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 14 de marzo de 2002.
[163] Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 5 de febrero de 2002.
[164] Campuzano i Canadès (CiU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, p. 13813. Ver también: El País, 27 de febrero de 2000: “La oposición acusa al Gobierno de «alentar la xenofobia» con su tesis sobre el multiculturalismo.”
[165] Belloch Julbe (PSOE), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, p. 12.
[166] Campuzano i Canadès (CiU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, p.13814.
[167] Sesmilo i Rius (CiU), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, p. 10.
[168] Alcaraz Masats (IU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 26 de febrero de 2002. “Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (Fernández-Miranda y Lozana)”, p. 13804.
[169] Ídem, p. 13813.
[170] Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1431.
[171] Sesmilo i Rius (CiU), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, pp. 9-10.
[172] Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez), Diario de Sesiones del Senado. Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería. 11 de marzo de 2002. “Comparecencia del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Juan Carlos Aparicio Pérez)”, p. 17.
[173] Ver ídem, p. 22. Además, en boca de un miembro del gobierno que había promovido la promulgación de la LO 8/2000, y que reiteradamente se había mostrado contrario a permitir la participación política de los inmigrantes «regulares»la forma en que se constituyen en democracia las normas de convivencia en pie de igualdad con los españoles, unas declaraciones que abogaban por una construcción en común de la convivencia podían resultar un tanto vacías de contenido.
[174] Uría Etxebarría (PNV), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 5 de octubre de 2000. “Debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1434.
[175] Vindel López (PP), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 14 de diciembre de 2000. “Dictamen de la Comisión Constitucional en relación al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1537.
[176] Esto no es contradictorio con lo más arriba expuesto acerca del Partido Popular. Considero que la política de inmigración del Partido Popular y el Gobierno parte previamente de considerar que el rechazo a los extranjeros es natural en la población española de ahí que considere que frenar la inmigración supone igualmente frenar las tendencias xenófobas y de extrema derecha, lo cual nunca lo ha manifestado. Muy al contrario, como se ha señalado en el capítulo correspondiente, el Partido Popular siempre a menospreciado la importancia de las actitudes de rechazo de la población española.
[177] Para una crítica a esta vinculación entre nacionalidad y ciudadanía ver artículos recogidos en Silveira Gorski, Héctor C. (ed.): Identidades comunitarias y democracia, Madrid, Ed. Trotta, 2000. En especial el artículo del mismo Héctor Silveira.
[178] Vindel López (PP), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 14 de diciembre de 2000. “Dictamen de la Comisión Constitucional en relación al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1528.
[179] De hecho, el espectáculo montado alrededor del velo de la niña Fátima, desde mi punto de vista, debe interpretarse bajo esta premisa. Considerar o defender un modo distinto de contemplar la forma de ir vestido al colegio no se considera legítimo: la comunidad ya ha determinado cuáles son esos modos, de forma que discutirlos, o proponer alternativas, denota falta de integración en esa comunidad.
[180] Ver postura de otros grupos en, por ejemplo, las siguientes intervenciones: Alcaraz Masats (IU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Justicia e Interior. 28 de junio de 2001. “Comparecencia del Ministro del Interior (Mariano Rajoy Brey)”, p. 8526; Campuzano i Canadès (CiU), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional. 10 de noviembre de 1999. “Estudio de la proposición de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”, p. 23705; y Fernández Sanz (PSOE), Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno de 25 de noviembre de 1999. “Dictamen de la Comisión parlamentaria sobre el proyecto de ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”, p. 14957.
[181] Vindel López (PP), Diario de Sesiones del Senado. Pleno de 14 de diciembre de 2000. “Dictamen de la Comisión Constitucional en relación al proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000”, p. 1537.
[182] Para una reflexión crítica acerca del estado-nación ver artículo de Eric Hobsbawm en la obra editada por Héctor Silveira (ver bibliografía).